LO MÁS RECIENTE

Política

Legisladores y activistas listos para combatir “agenda de Trump”

10 enero, 2017 / en Política

Una coalición de 40 organizaciones se presentaron hoy en el capitolio estatal de Arizona para advertirle a sus representantes que no aceptaran ataques políticos.

Legisladores, activistas y miembros de la comunidad latina en Arizona se preparan para encarar en la legislatura que hoy comienza posibles propuestas en contra de los inmigrantes, las minorías, los homosexuales y las mujeres, al calor de la llegada de Donald Trump a la presidencia.

“Existe un temor fundamentado que ahora con Trump en la presidencia, miembros del partido republicano crean que tienen ahora permiso para hacer cosas que antes no habían hecho”, dijo a Efe Daniel Hernández, legislador estatal demócrata, quien representa el distrito electoral dos de la ciudad de Tucson.

Una coalición de 40 organizaciones se presentaron hoy en el capitolio estatal al inicio de la sesión legislativa con el objetivo de advertir a los legisladores de que no aceptaran ningún tipo de ataque en contra de los inmigrantes o las minorías en Arizona.

“Nuestro mensaje es muy claro, no dejaremos que la agenda de Trump sea implementada en Arizona”, dijo a Efe Carlos García, director del grupo Puente, una de las organizaciones que participan en la protesta.

Un motivo de preocupación concreto es la iniciativa SB1021, que fue presentada la semana pasada por el senador estatal John Kavanagh, con la que busca endurecer los requisitos para que cualquier ciudad en Arizona pueda otorgar identificaciones municipales a sus residentes.

La medida busca frenar una propuesta aprobada por el concilio de la Ciudad de Phoenix el año pasado que otorga identificaciones municipales a sus residentes, incluyendo a inmigrantes indocumentados.

Kavanagh dijo a Efe que el objetivo es establecer un mayor control sobre las identificaciones municipales, con el argumento de que las ciudades deben de cumplir con requisitos previamente establecidos por el estado.

En caso de que se convierta en ley, la propuesta estatal SB1021 obligaría a las ciudades que emitan estas tarjetas a escribir claramente con letras grandes “para uso de servicios municipales solamente, no es una identificación”.

La propuesta pide se escriba en las mismas una lista de los servicios a los que los portadores tendrán acceso.

En caso de que las ciudades deseen otorgar tarjetas municipales que puedan ser utilizadas también como identificaciones, la propuesta exige que se cumplan con los mismos requisitos establecidos por el Departamento de Motores y Vehículos.

Arizona cuenta con una ley estatal que exige prueba de ciudadanía o residencia legal en los Estados Unidos a todas las personas que solicitan una licencia de conducir o identificación estatal.

Estos requisitos han hecho imposible que los inmigrantes indocumentados en Arizona puedan obtener algún tipo de documento oficial para demostrar su identidad.

“Debemos prepararnos y unirnos para defender a nuestras comunidades, debemos de evitar que vuelva a pasar otro legislación como fue la SB1070”, enfatizo Hernández.

El senador demócrata reconoció que no será una tarea fácil, ya que el partido republicano domina tanto la cámara baja como el Senado estatal.

En el año 2010 se aprobó la ley estatal SB1070, que convirtió al estado de Arizona en el epicentro del debate migratorio a nivel nacional.

Dicha norma otorgó el derecho a la policía de cuestionar el estatus migratorio de las personas que son detenidas, incluyendo las que lo son por infracciones de tráfico.

Durante la pasada legislatura la continua movilización de diversas organizaciones logró evitar que se implementaran 13 iniciativas que afectaban directamente a la comunidad inmigrante.

Entre las propuestas que fueron frenadas está una que pedía a los jueces otorgar la pena máxima prevista para un delito si los hallados culpables de cometerlo eran inmigrantes.

Los legisladores también apoyaban una mayor cooperación entre los departamentos policiales y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

También presentaron iniciativas para negar recursos estatales para ayudar a refugiados y penalizar a ciudades consideradas como “santuario”.

La única ley que fue aprobada en el 2016 fue una que otorgaba la opción a los inmigrantes indocumentados de salir de prisión si cumplían con la mitad de sus sentencias y firmaban su deportación.

“Es importante que desde hoy que inicia la sesión legislativa sepan que no nos vamos a dejar y que lucharemos en contra de cualquier iniciativa que perjudique a nuestras comunidades”, finalizo García.


LO MÁS COMENTADO