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13 de abril del 2021

Opinión

Abogados constitucionalistas callan

Alfredo Freites. En el país político el debate sobre la Ley de Partidos está en la agenda cotidiana. Esta disposición jurídica sería   un paso institucional para colocar los colectivos dentro de un régimen de control, algo a los que no están acostumbrados. Hay rebeldía y resabios. Durante años se baraja la toma de una decisión […]




Alfredo Freites.
En el país político el debate sobre la Ley de Partidos está en la agenda cotidiana. Esta disposición jurídica sería   un paso institucional para colocar los colectivos dentro de un régimen de control, algo a los que no están acostumbrados. Hay rebeldía y resabios. Durante años se baraja la toma de una decisión y se buscan mil periquitos para alargar la conclusión que permita  elaborar  la normativa. En su tejido la disposición hace un entramado que toca diferentes instancias. Hay algunas subrepticias, como el financiamiento o el apoyo económico a partidos y candidaturas, que tiene ojeriza de políticos, negociantes y empresarios. Lo más polémico por el momento es lo relativo a las primarias abiertas y con el padrón de la Junta Central Electoral. Este aspecto abre una zanja de enfrentamiento. De un lado el presidente Danilo Medina sigue en sus trece con las primarias abiertas.
Su tropa de aliados políticos cierra filas detrás de él y en el frente está toda la sociedad  civil, los partidos de oposición y una nutrida militancia política entre los que se encuentran los defensores de la constitucionalidad de Leonel Fernández. Entre los abogados expertos en la materia se ha generado un silencio de clausura desde que el Comité Político del PLD anunció que daría los pasos para la contratación de cinco juristas que emitirían una sentencia irrevocable sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas. Es posible que una parte calle para aguardar el contrato y no adelantar juicio que los descalifiquen; y otros, en espera de que los seleccionados opinen. En cualquiera de los casos, los abogados tendrían una posición de privilegio. Estaría a su alcance liquidar la Ley de Partidos o por lo menos narigonear a los congresistas. Esta  dichosa comisión podría saltar por encima de los acuerdos establecidos por los partidos en sus larguísimas reuniones que datan de años. Esos expertos constitucionalistas en unos días pondrían electrodos en los brazos de los legisladores para que voten según sus trazados. Los abogados siempre tienen opiniones variadas y como los pagadores del estudio sobre la Constitución  serán los de Danilo, no queda dudas de que será un resultado de acuerdo con la visión del Presidente de la República. Se  amarra el caballo donde diga el amo. Lo que está por verse es el ambiente que podría desarrollarse en el país cuando haya un boicot a la Ley de Partidos, pero aún falta tiempo.

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