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11 de abril del 2021

Opinión

Amagar y no dar

  Si consideramos que todavía en este país no se ha castigado ni siquiera a los responsables del régimen de Trujillo, es comprensible que ante el avance dado con el caso Odebrecht, se sientan triunfantes quienes entienden importante, para el bien del país, que no prevalezca la impunidad. Sin duda alguna, que ahora haya imputados […]




 
Si consideramos que todavía en este país no se ha castigado ni siquiera a los responsables del régimen de Trujillo, es comprensible que ante el avance dado con el caso Odebrecht, se sientan triunfantes quienes entienden importante, para el bien del país, que no prevalezca la impunidad. Sin duda alguna, que ahora haya imputados por, nada más y nada menos, que corrupción administrativa es un hito significativo, porque hasta hace poco los casos no se conocían, y si se conocían, se archivaban, siendo el mandar el funcionario para su casa, lo más lejos que se llegaba (OISOE, Metro, CORDE, CEA). Es tanto así­ que del 2000 al 2013 se denunciaron en los medios 227 casos de corrupción y solo hubo sentencias en seis, de los cuales finalmente se anularon cinco, según consta en el estudio La corrupción sin Castigo. Si este no es el reino de la impunidad, ¿entonces cuál? Por eso es tan importante el caso Odebrecht. Porque rompe con esta lógica de robar recursos públicos y que no pase nada.
No obstante, cuidado con el triunfalismo o la conformidad. Esto apenas comienza. El régimen de la impunidad, que por tantos años ha imperado en la República Dominicana, todavía tiene cartas debajo de la manga. Una de ellas es el amor, de larga data, con la justicia. La segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tendrá que seguir con el conocimiento de este caso y ahi­, de los cinco jueces, hay tres que tienen historial en dictar no ha lugar ante las solicitudes vinculadas a casos de corrupción. Así­ lo hicieron los magistrados Fran Soto Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra, vinculados al PLD, y Juan Hirohito Reyes, en los casos de Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Elías Wessi­n Chávez y Amable Aristy Castro. En esta ocasión no deben hacerlo de nuevo, por lo que, si queremos justicia, la sociedad debe exigir que sean jueces de carrera y sin vínculos partidarios quienes sigan deliberando este caso. Además, el Ministerio Público debe fortalecer el expediente y corregir los errores identificados por la prensa, la población y los defensores de los imputados. De lo contrario, será legítima la sospecha de expedientes mal instrumentados por falta de voluntad política real para perseguir la corrupción y de esa táctica famosa de amagar y no dar ya estamos hartos. Es por eso que la ciudadana debe seguir vigilante, de verde, marchando como en el Cibao, Sur y Este. La próxima marcha es el 16 de julio en Santo Domingo y debe ser contundente porque todavía hay demasiados altares que menear, muchos santos por caer y lodo por remover.  

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