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13 de abril del 2021

Opinión

Cárcel a jueces delincuentes

Alfredo Freites. El Consejo del Poder Judicial anuncia la destitución como  jueza en la  Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,  de Marcia Reyes Silvestre, por culpas graves en el ejercicio de sus funciones pero se omite cómo se llegó a esas conclusiones y si […]




Alfredo Freites.
El Consejo del Poder Judicial anuncia la destitución como  jueza en la  Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,  de Marcia Reyes Silvestre, por culpas graves en el ejercicio de sus funciones pero se omite cómo se llegó a esas conclusiones y si hubo el debido proceso para que la magistrada defendiera su honra. Ya es frecuente que a jueces se le carguen culpas y sean barridos del tren judicial sin muchos miramientos, pero todo queda en la cancelación del nombramiento. Al parecer para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia la destitución y la subsiguiente separación del cargo, son  suficiente castigo y también se percibe como de aplicación sumaria. Varios actos de diferentes imputaciones se han atribuido a jueces que ejercían en distintas localidades del país. En muchos de los casos  les  señalan  complicidad con delincuentes hasta chapuzas con matices de colusión delictiva  en el dictado de  sentencias.
Se ha criticado que a los presuntos implicados se les ha sancionado sin  una convocatoria a un juicio donde pudieran hacer valer sus argumentos, algo que de ser cierto sería una violación elemental a los derechos individuales,  y cometidos por los más altos jueces de la República. Sin embargo, lo que más llama a la atención ciudadana es que los hallados culpables y sancionados con la expulsión del sistema judicial no son encauzados por complicidad en delitos. Un juez que se convida y usa su poder para favorecer a delincuentes debía ser llevado a la justicia como cómplice de los delitos atribuidos a los favorecidos y además por violación a las normas procesales y los códigos penales y éticos. Un oficial de la ley contra quien se obtienen pruebas de haber violado la ley tiene que ser castigado con más rigor que un ciudadano común, porque usa de sus privilegios para impartir justicia y se inserta en una asociación de malhechores para obtener beneficios económicos. Nadie ignora que los sobornos que pagan esos delincuentes deben ser altísimos porque el juez se juega su cargo y honra. El flamante caso que afecta a una abogada de San Pedro de Macorís es uno más. Ya es rutinario que policías, jueces y fiscales sean atrapados en falta  sin mayores consecuencias que perder el empleo e inhabilitación por un tiempo. Así no debe ser. Esto amerita revisión.

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