Este domingo el ex president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, cumplirá una semana
en prisión después de que fuera
detenido en Alemania mientras cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica.
En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el
centro penitenciario de Neumünster, Puigdemont ha dado a entender que
no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.
"Que todo el mundo lo tenga claro:
no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el estado de derecho y la justicia por 'la unidad de la patria'", ha escrito el ex president desde
la cárcel de Neumünster donde se encuentra preso a la espera de que la Fiscalía General del "Land" de Schleswig-Holstein revise su caso.
Su detención se produjo finalmente el domingo en Alemania cuando regresaba de Finlandia después de que el juez del
Tribunal Supremo Pablo Llarena r
eactivara la euroorden por un
delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de
malversación de caudales públicos, con hasta 8 años de prisión.
Según el relato que hace el juez, fue el 28 de septiembre pasado cuando
los máximos responsables de los
Mossos d'Esquadra se reunieron con Puigdemont, el entonces vicepresidente de la Generalitat
Oriol Junqueras y el que fuera consejero de Interior Joaquim Forn para informales de que
se preveía "una escalada de violencia, con
brotes importantes de enfrentamiento" para el 1-O.
[Lea el auto de procesamiento en PDF].
"Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión
conocían sobradamente los riesgos de violencia" después de los
incidentes ocurridos el 20 de septiembreante la sede de la Consejería de Economía, cuando miles de personas impidieron la entrada de la Guardia Civil y se produjeron graves enfrentamientos. Pese a ello, continúa el magistrado,
la decisión de los miembros del Gobierno fue que la votación había de celebrarse.
Tras la activación de la orden de detención internacional Puigdemont fue arrestado cuando regresaba de Finalandia, donde había viajado
para impartir una conferencia en la Universidad de Helsinki. Fue allí donde le sorprendió la euroorden que el juez activó para detenerlo, a él, a la secretaria general de ERC,
Marta Rovira y a los ex consellers
Antoni Comín,
Meritxell Serret,
Lluís Puig y
Clara Ponsatí, tras procesarlos por delitos de rebelión y malversación.
La Fiscalía General de Schleswig Holstein (norte de Alemania) espera poder presentar el martes a la Audiencia Territorial una decisión sobre su extradición, ya que está todavía analizando la orden de detención y entrega remitida por España para determinar
si pide la tramitación de la extradición a la Audiencia de Schleswig, en cuyas manos estará la decisión definitiva.
Según fuentes jurídicas, cuando presente su escrito ante la Audiencia, si pide la extradición
se abre también la posibilidad de determinar que el dirigente independentista salga de prisión y permanezca en libertad vigilada mientras se tramita el caso.
Sin embargo, este viernes el diario 'Der Spiegel' informaba de que el Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel
no intervendrá en la decisión que tomen las autoridades judiciales sobre la petición de extradición a España. Según el periódico alemán, interferir en el proceso de extracción o reservarse el derecho de última palabra
sería una "afrenta jurídico-política hacia los estados federados", a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones.
Los abogados de Puigdemont han pedido al Ejecutivo que intervenga con celeridad para no dilatar un proceso de extradición que, a entender de los letrados, no se sostiene.
Denuncian las supuestas "irregularidades cometidas por los servicios secretos" para proceder a una "detención ilegal" y a la debilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público español.