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21 de abril del 2021

Opinión

Carta abierta al presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral

JAIME FERNANDEZ LAZALA. Señor Presidente y demás miembros de la Honorable Junta Central Electoral. He leído en las crónicas de los Periódicos, luego de su designación por el Senado de la República, del interés que los motiva a realizar una labor de rescate del sistema electoral dominicano y de lograr en el año 2020 un […]




JAIME FERNANDEZ LAZALA.
Señor Presidente y demás miembros de la Honorable Junta Central Electoral. He leído en las crónicas de los Periódicos, luego de su designación por el Senado de la República, del interés que los motiva a realizar una labor de rescate del sistema electoral dominicano y de lograr en el año 2020 un certamen  que garantice los derechos ciudadanos de elegir y ser elegidos. Por tal motivo me apresuro, en mi  propósito de servir en la mejor forma posible  en ese interés, en señalar la causa que ha provocado la falta de credibilidad histórica que ha perneado la moral y conducta  de esa institución. Por lo que en nombre de una mejor  República, tengo a bien   solicitarles cumplir y ejecutar fielmente la Ley 55  SOBRE REGISTRO ELECTORAL, la cual desde su promulgación el 17 de Noviembre del 1970,  se le ha dado letra muerta al  artículo 32 de la misma, que establece lo siguiente:
Art. 32.-Todo ciudadano inscrito que haya cambiado de residencia debe solicitar nueva inscripción por ante la Oficina de Inscripciones de su nueva residencia, previa entrega en esa oficina de su Certificado de Inscripción anterior. La falta de cumplimiento de esta disposición, establecida en el artículo 32, ha provocado la incredulidad y fragilidad del sistema electoral dominicano, y a coadyuvado a provocar el traslado de los votantes  que no han cambiado su registro por cambio de residencia, a la demarcación de las cuales son nativos, provocando esta situación la compra del voto, a cambio del traslado. No es justo que un ciudadano que se haya trasladado desde su jurisdicción nativa al Distrito Nacional, resida y forme su familia  y en su cédula de identidad figure viviendo o residiendo en su demarcación nativa, sin que sea sancionado por el artículo 54 de la ley 55  que dice: Art. 52.-Toda persona que se inscribiere en un Registro Electoral suministrando a sabiendas datos falsos, será sancionada con prisión correccional de un mes a un año o multa de RD$100.00 a RD$1,000.00 o ambas penas a la vez Art. 57.-La tentativa de 1os delitos señalados en la presente ley podrá ser sancionada como el delito mismo. Art. 58.-Las disposiciones del Art. 463 del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley. El Estado Dominicano  premia por esa acción a los que comenten ese delito electoral y mantiene   cautivo y sobornado en un empleo público en el Distrito Nacional o viceversa, para poderlo llevar el día del sufragio a votar por el candidato de su preferencia. Con excepción de los Senadores y Diputados, todos los empleados  y funcionarios públicos  que se encuentran  residiendo en el Distrito Nacional y son nativo de otra región deben cambiar su registro o de lo contrario son infractores de la ley 55  SOBRE REGISTRO ELECTORAL. Los  senadores y diputados se les permite residir en el Distrito Nacional por  virtud del artículo 79 de la Constitución  que establece que para ser Senador o Diputado se  requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En consecuencia: 1) Las senadoras y diputados electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos; 2) Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección. La aprobación del Proyecto de ley de Partidos Políticos, más bien,  sería un disparate más, ni necesitamos tampoco  la reforma de la Ley Electoral, porque la actual  se basta a si misma, sino que el problema es la falta de aplicación y sanción de los delitos e infracciones electorales que comenten los funcionarios de turno y las propuestas irregulares que someten los partidos políticos y la Junta Central Electoral  no toma ninguna acción legal.

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