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12 de abril del 2021

Opinión

¿Cederemos ante la CIDH?

Vinicio Castillo Semán. El pasado jueves la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desmintió haberse retractado en su decisión de incluir a la República Dominicana en la ‘lista negra’ de los países de América Latina violadores de los derechos humanos, como había dicho el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a nuestro canciller, […]




Vinicio Castillo Semán.
El pasado jueves la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desmintió haberse retractado en su decisión de incluir a la República Dominicana en la ‘lista negra’ de los países de América Latina violadores de los derechos humanos, como había dicho el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a nuestro canciller, el Ing. Miguel Vargas Maldonado, según una nota de prensa que publicara el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Muy por el contrario, la CIDH ha emitido una nota en Washington con el texto que a continuación transcribimos de manera íntegra, por considerarlo de alto interés nacional y de extrema gravedad en los planes de este organismo internacional por cercenar la soberanía de la República Dominicana: “CIDH saluda voluntad de República Dominicana de dar cumplimiento a recomendaciones. 29 de junio de 2017 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la disposición de República Dominicana de trabajar en forma conjunta a fi n de superar las situaciones que afectan el disfrute pleno de los derechos humanos en ese país, en particular en lo referido a la discriminación contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales, que ha impactado particularmente en el reconocimiento de su nacionalidad dominicana, entre otras violaciones a sus derechos humanos. En el marco de la Asamblea General de la OEA, la CIDH mantuvo una reunión bilateral con una delegación de República Dominicana que estuvo encabezada por el canciller, Miguel Vargas y con la presencia del representante permanente del país ante la OEA, Embajador Gedeón Santos. Por parte de la CIDH participaron el Presidente, Comisionado Francisco Eguiguren, y la Primera Vicepresidenta, Comisionada Margarette Macaulay, así como el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y personal de la Secretaría Ejecutiva. En dicha reunión, los representantes del Estado de República Dominicana acordaron la realización de una visita de trabajo de la CIDH a ese país, como parte del diseño de un plan de acción conjunto para que el Estado dé cumplimiento a las recomendaciones que siguen pendientes. Estas recomendaciones están contenidas en el Informe del País que la CIDH publicó el 9 de febrero de 2016, el cual analiza la situación del derecho a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y la no discriminación, y en la sección B del Capítulo IV del Informe Anual que la Comisión publicó el 27 de abril de este año. En referencia a la nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana el  22 de junio, la CIDH ratifica su decisión de haber colocado a este país en el Capítulo IV del Informe Anual.
En dicha decisión no hubo error alguno. Por ello, en oportunidad de la reunión bilateral sostenida con el Canciller de República Dominicana, la delegación de la CIDH reiteró su preocupación con los hechos descritos en dicho Informe, tras haber saludado los esfuerzos del Estado en la implementación de importantes medidas e iniciativas para superar el problema. La CIDH saluda la voluntad del Estado de República Dominicana de avanzar en un diálogo fructífero para establecer un plan de trabajo para el cumplimento de las recomendaciones del Informe y reitera asimismo su disposición a colaborar con el Estado en el diseño y la implementación de este plan, incluyendo la visita de trabajo acordada, en el marco de su mandato y funciones…….” La declaración de la CIDH obliga a una urgente e inaplazable declaración de la Cancillería y el gobierno dominicano. Hasta la fecha, la República Dominicana ha rechazado públicamente la acusación de supuesta apatridia que afectaría a cientos de miles de haitianos ilegales que alegan haber nacido en la República Dominicana. Hasta este momento el gobierno dominicano y el canciller, mi amigo el Ing. Miguel Vargas Maldonado, han defendido el Fallo No.168-13 del Tribunal Constitucional y el derecho soberano del país a decidir en materia de nacionalidad y migración. El pueblo dominicano tiene legítimo derecho, ante esta sorprendente nota de la CIDH, a inquirir si ha habido acuerdo secreto con el gobierno dominicano, mediante el cual se haya variado la posición de defensa de la República ante las infames acusaciones de apatridia de la CIDH y otros organismos internacionales. El país tiene derecho a saber si se han asumido compromisos para maniobrar en contra de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional; tiene derecho a saber y a preocuparse si se ha negociado su soberanía para decidir, conforme a su Constitución, quién es dominicano y quién no. Mantengo la fe en que mi amigo el canciller Vargas Maldonado no le va a fallar al país en la defensa de nuestra soberanía. Por eso entiendo que debe de aclararse el alcance de esta nota de la CIDH y si la misma se trata de otra de las rastrerías y trapisondas que contra nuestro país se han vertido en el extranjero. Ceder ante la CIDH en el sensible tema de la nacionalidad dominicana; echar atrás el Fallo 168-13; reconocer de forma directa o indirecta que en República Dominicana hay apatridia y discriminación contra los haitianos, sería traición a la Patria; no importa quién lo haga. Eso signifi caría simple y sencillamente el epitafi o del sueño de Juan Pablo Duarte, llamado República Dominicana.

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