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24 de junio del 2021

Mundiales

Colombia: nueva jornada de paro mantiene en jaque al Gobierno de Duque

 Mauricio Dueñas/EFE Manifestantes se reúnen en la céntrica Plaza de Bolívar, uno de los tradicionales puntos de encuentro de las protestas en Bogotá, Colombia, el miércoles 12 de mayo de 2021. La más reciente convocatoria del paro nacional topó las calles de manifestaciones antigubernamentales en varias regiones de Colombia este miércoles 13 de mayo, mientras el Gobierno […]




 Mauricio Dueñas/EFE Manifestantes se reúnen en la céntrica Plaza de Bolívar, uno de los tradicionales puntos de encuentro de las protestas en Bogotá, Colombia, el miércoles 12 de mayo de 2021.

La más reciente convocatoria del paro nacional topó las calles de manifestaciones antigubernamentales en varias regiones de Colombia este miércoles 13 de mayo, mientras el Gobierno de Iván Duque mudó a un tono más conciliador hacia los manifestante con el fin de encontrar acuerdos que parecen estancados. 

Miembros de sindicatos, estudiantes, jubilados y trabajadores marcharon este miércoles 13 de mayo en un nuevo paro nacional convocado contra el Gobierno en Colombia, mientras el presidente Iván Duque instaba a los ciudadanos a rechazar la violencia y los estereotipos sobre los manifestantes y la policía por igual.

El decimoquinto día de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno, al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas y proyectos de ley, como la reforma de salud. Las marchas más concurridas fueron las de Bogotá, en donde hubo diferentes puntos de encuentro y algunos choques con las fuerzas antidisturbios, aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar. En tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería, las principales ciudades del Caribe. En Bucaramanga y Cúcuta, esta última capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la gente también salió a expresar su descontento.

«Estoy en el paro porque creo que ninguna de las reformas que se han hecho ni las que se piensan hacer en cuanto a lo laboral, lo pensional, la reforma a la salud, favorecen al pueblo», argumentó Marcela, profesora de una escuela del barrio San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La maestra, que izaba una pancarta escrita con letras rojas en la que se leía «no a la reforma laboral», uno de los lemas del primer paro del 28 de abril, enfatizó que el país está viviendo «una serie de masacres, de asesinatos, simplemente por no tener un derecho a la protesta cuando en realidad lo que estamos pidiendo es garantía para todo».

En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia y la principal del Pacífico, la Minga (movilización) indígena acompañó en las marchas a «los jóvenes y la ciudadanía movilizada porque nos estaban masacrando», exclamó Aida Quilcué, una fuerte opositora del Gobierno Duque. La líder indígena destacó que, pese a que el Gobierno del Valle del Cauca, del que es capital Cali, cerró sus fronteras desde el pasado domingo para garantizar el orden público, la Minga logró llegar para participar en las protestas y hoy mismo comenzaron a salir de la ciudad hacia sus territorios, mayoritariamente ubicados en el vecino Cauca por los ataques que han recibido los últimos días.

Duque: «es injusto generalizar»

Sobre la brutalidad policial, el presidente Duque, que sigue sin dar una declaración contundente al respecto como le piden las organizaciones, dijo el martes que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas 8 por homicidio, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 19 por otras conductas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó también ayer que ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y 1 policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que siguen buscando a 168 personas.

Según los registros de la ONG Temblores, dedicada a investigar la violencia policial, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de «violencia homicida» por parte de la fuerza pública y al menos 1.956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.

«Es injusto pintar a todos los que se expresan pacíficamente en las calles como vándalos o como terroristas o como delincuentes», dijo Duque durante una reunión con decenas de líderes juveniles en Bogotá. «También es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de las fuerzas de seguridad». Los comentarios fueron más conciliadores que el discurso de Duque al comienzo de las protestas, cuando denunció los incidentes de saqueos y ataques a la policía, acusando de vandalismo a los manifestantes.

Disturbios durante Copa Libertadores en Barranquilla

Los jugadores y el personal de la selección colombiana Junior y del River Plate de Argentina se frotaron los ojos con incomodidad luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos a los manifestantes afuera del estadio, justo antes del partido de la Copa Libertadores en Barranquilla ayer. Las protestas se desplazaron hacia el evento deportivo para rechazar que un partido así se celebrara en medio del paro nacional.

Las imágenes de televisión mostraban antes al equipo de River interrumpiendo su calentamiento en la cancha debido a un malestar similar en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, la ciudad que albergará la final de la Copa América en julio. Se escucharon fuertes explosiones y sirenas fuera del estadio y el juego terminó 1-1. 

Otro partido de la Libertadores entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay en Pereira se retrasó una hora debido a las protestas allí. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) trasladó partidos de Colombia a Paraguay y Ecuador la semana pasada para asegurar que las protestas no afectaran los partidos. Sin embargo, los incidentes del miércoles fueron especialmente preocupantes para la CONMEBOL, ya que la Copa América se realizará en Colombia y Argentina el próximo mes.

Colombia albergará 15 partidos, incluida la final del torneo internacional más antiguo del mundo. El partido por el título se llevará a cabo en Barranquilla el 10 de julio. Algunos manifestantes protestaron ayer contra la realización del partido de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Club Nacional y la organización de la Copa América en Pereira.

Comité exige negociación, no diálogo

Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma fiscal, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

Por su lado, el Gobierno plantea para la mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Las temáticas parecen coincidir y ahora se espera que las partes logren sentarse y llegar a acuerdos para sacar al país de esta crisis, la peor en el Gobierno de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.

Además, el Gobierno anunció que está dispuesto a «negociar» con el Comité de Paro, que exige una «negociación» y no un «diálogo». Sin embargo, hay manifestantes en las calles que aseguran que tampoco se sienten recogidos en las demandas del Comité de Paro, que solo agrupa las organizaciones más tradicionales de la protesta, y que podrían mantener con las movilizaciones independientemente a las negociaciones con Duque.

El Gobierno colombiano ha pedido que los manifestantes deben despejar las vías del país para permitir el normal abastecimiento de alimentos y medicinas. Según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, las pérdidas por los bloqueos de las carreteras son de alrededor de 1,7 billones de pesos (unos 458 millones de dólares de hoy). Explicó que la cifra es porque se dejaron de movilizar 700.000 toneladas de alimentos por los bloqueos en los diferentes departamentos.

Con miles de manifestantes en las calles, el Gobierno no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de una vacunación que solo ha cubierto al 6,6 % de la población.

Con EFE y Reuters

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