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15 de mayo del 2021

Opinión

Consenso y legitimidad

Vinicio A. Castillo Semán. Hace ya casi 20 años me tocó el honor de participar en la redacción de un comunicado conjunto suscrito por el entonces Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y el expresidente Joaquín Balaguer, mediante el cual ambos solicitaban la renuncia de los miembros de la recién designada Junta Central Electoral […]




Vinicio A. Castillo Semán.

Hace ya casi 20 años me tocó el honor de participar en la redacción de un comunicado conjunto suscrito por el entonces Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y el expresidente Joaquín Balaguer, mediante el cual ambos solicitaban la renuncia de los miembros de la recién designada Junta Central Electoral encabezada por el dcotor Manuel Morel Cerda, por decisión del Senado de la República, controlado en ese entonces por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Ni el doctor Fernández ni Balaguer cuestionaban que el órgano constitucional que nombraba a la Junta Central Electoral era el Senado de la República.  Ese punto nunca estuvo en discusión.  Ambos líderes, jefes del PLD y el PRSC, plantearon la ilegitimidad de dicha Junta por no garantizar la imparcialidad de los procesos electorales. La oposición encabezada por Leonel y Balaguer, con sus respectivos partidos, generó una gran crisis política en el país que culminó con una serie de reformas y restructuración de la Junta Central Electoral.

A finales del año 2016 se generó una crisis idéntica cuando el Partido de la Liberación Dominicana, gobernante, quiso imponer de manera unilateral la designación de una nueva Junta Central Electoral, luego del tollo electoral histórico del pasado 15 de mayo. Me tocó en esa ocasión, como representante de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), interactuar con todos los partidos de la oposición para reclamar lo mismo que habíamos reclamado 20 años antes.

El PLD tenía el control del Senado, por mandato de la Constitución, para designar la Junta que quisiera, pero si lo hacía sin el consenso de todos los otros actores fundamentales del sistema democrático, que son los partidos de oposición, carecería de legitimidad y enviaríamos al país a una profundización de la crisis post-electoral .

¿Qué salvó la situación?  ¿Por qué se superó felizmente la poderosa crisis política en ciernes alrededor de la designación de la Junta Central Electoral?  Pudimos pasar la página de manera exitosa, porque la sensatez se impuso en el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, que entendió que el camino del diálogo y el consenso con la oposición era indispensable para la selección del nuevo órgano electoral. El diálogo, encabezado por Monseñor Agripino Núnez Collado, dio sus frutos positivos para el país. Así nació la actual JCE, encabezada por el doctor Julio César Castaños, a quien todos los partidos en el gobierno y en la oposición respaldamos como una figura de consenso que garantizaría, junto con los demás honorables miembros, un proceso electoral libre de traumas y de cuestionamientos en el año 2020.

El mismo escenario vivido es el que tenemos hoy de frente con lo que son las reglas de juego de los procesos electorales, en el que los actores somos 26 partidos políticos reconocidos. La Ley de Partidos y la Reforma Electoral no pueden ser jamás un traje a la medida de la fuerza política que controla hoy, coyunturalmente, el Congreso Nacional.  Veinticuatro de 26 partidos reconocidos solicitamos, mediante carta formal al Senado, un diálogo y un consenso fuera del Congreso Nacional para estas importantes leyes.

El argumento central del presidente del Senado, Reynaldo Pared, y el exvicepresidente Rafael Alburquerque, para negarse al diálogo con la oposición es que nos retiramos del diálogo que encabezaba Agripino Núnez Collado sobre estas importantes leyes y que, por lo tanto, no tenemos derecho a reclamar diálogo y consenso sobre las mismas.

Se juega, a sabiendas, a la mala memoria de la gente.  La oposición planteó su retiro de la mesa del diálogo exigiendo que la designación de la JCE fuera el primer punto de discusión, no porque se negara jamás a buscar consenso sobre la Ley de Partidos y Reforma Electoral.  Entendíamos de manera correcta que la designación de la nueva Junta de consenso tenía que ser necesariamente la designación de los nuevos árbitros electorales.

El PLD tiene mayoría para hacer lo que quiera por la Ley de Partidos y la Reforma Electoral. Su decisión puede ser legal y constitucional, pero jamás será legítima si no cuenta con la aprobación y el consenso de los 12 partidos de oposición.  Si el troglodismo y la posición sectaria se imponen en la dirección del PLD, no le quepa duda a nadie de que están empujando al país a una grave crisis política y de gobernabilidad, puesto que existe un común denominador en todas las fuerzas opositoras de no aceptar un traje a la medida del Presidente Danilo Medina y el PLD en esta nuevas reglas de juego electorales y de vida partidaria normada por dichas leyes.

Entendemos que la JCE, que tiene la suprema encomienda de arbitrar los procesos electorales del año 2020, debe jugar un rol de equilibrio ante el atropello que pretende imponer el PLD.  La Junta Central Electoral sería un magnífico escenario para un diálogo pedido, hasta ahora, por 24 partidos, de los 26 existentes.  Diálogo televisado y rápido, que la sociedad vea lo que está planteando cada quien, le haría un gran servicio al país.

Creo que a quien más le convendría, por el momento difícil que vive hoy, un gran pacto nacional en las reformas estructurales electorales y leyes de partido, es al propio Presidente Danilo Medina. Ojalá se ilumine su mente y lo entienda así.  El camino de la confrontación y de la imposición autoritaria llevará al país a un abismo que nadie quiere.

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