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13 de abril del 2021

Opinión

«Covid-19 y violencia policial»: ¿Un cóctel inflamable?

Miguel Sang Ben. Wikipedia nos define el “muro azul” con estos términos: «El muro azul del silencio, también llamado código azul y escudo azul, son términos usados en los Estados Unidos para referirse a la regla no escrita que existe entre los oficiales de policía de no informar sobre los errores, la mala conducta, los delitos e incluso la brutalidad policial de un compañero.» […]




Miguel Sang Ben.

Wikipedia nos define el “muro azul” con estos términos: «El muro azul del silencio, también llamado código azul y escudo azul, son términos usados en los Estados Unidos para referirse a la regla no escrita que existe entre los oficiales de policía de no informar sobre los errores, la mala conducta, los delitos e incluso la brutalidad policial de un compañero.» A pesar de esta definición como una regla no escrita, hay una Ley que permite evadir la responsabilidad de una acción realizada en el ejercicio de sus funciones.

La misma Wikipedia nos señala el significado de «Inmunidad Cualificada»: «… (en inglés: qualified immunity) es una doctrina legal del derecho estadounidense que protege a los oficiales del gobierno de ser demandados por cualquier acción discrecional llevada a cabo durante el ejercicio de sus funciones, al menos que su conducta viole leyes federales o derechos constitucionales «claramente establecidos».​ De esta forma la inmunidad cualificada protege a los oficiales que «toman decisiones razonables, pero erróneas, respecto a interrogantes jurídicas»,​ pero no ampara «la incompetencia o a aquellos que saben que están violando la ley».​ La Corte Suprema de los Estados Unidos estableció la inmunidad cualificada en 1967 con la intención de proteger a los agentes de la ley de tener que afrontar demandas y el pago de indemnizaciones en los casos en que hayan actuado de buena fe en situaciones en que no esté claro que su conducta esté apegada a la ley. A partir de 2005 los tribunales empezaron a aplicar frecuentemente esta doctrina en casos de brutalidad policial en que se hacía uso excesivo de la fuerza, llegando hasta casos que provocaban la muerte. Esto derivó en críticas que declaraban que la inmunidad cualificada «se ha convertido en una herramienta casi infalible para dejar impune la brutalidad policial y para negarle a las víctimas sus derechos constitucionales.»

En consecuencia, una Ley no escrita encontró apoyo en otra si escrita y que se ha roto porque las ubicuas cámaras inteligentes permiten a cualquier transeúnte filmar cualquier escena, subirlo a las redes y obligar a las autoridades actuar en consecuencia. Es lo que ha pasado en el caso de George Floyd, al igual que Rodney King y un largo etcétera que no señala a la comunidad afroamericana ser el objetivo principal de esta anómala practica policial que viene de la migración iniciada en 1910 de los negros esclavos del sur norteamericano hasta 1962 en búsqueda de mejores condiciones económicas, y la persecución por los supremacistas blancos reunidos en las tenebrosas hordas del KKK. Una historia conecta con la otra.

Vuelvo con la cantaleta de que Wikipedia señala como esta doctrina se ha demostrada como fallida haciendo la siguiente historia: « En 2017, un texto publicado en el Yale Law Journal titulado «Cómo la inmunidad cualificada falla» escrito por la profesora en derecho Joanna C. Schwartz se realizó un estudio de la aplicación de esta doctrina legal. Tras analizar 1183 juicios en que se implicó la sección 1983 del USC la profesora encontró que la inmunidad cualificada fue invocada principalmente en casos en que ésta no aplicaba y en consecuencia su uso fue rechazado frecuentemente. La conclusión que planteó fue que esta doctrina es incapaz de cumplir los objetivos que se planteó de tal forma que no es posible fortalecerla, siendo necesaria reemplazarla por otros mecanismos para cumplir su finalidad. ​

En agosto de 2018 el juez de circuito Don Willett se declaró indeciso cuando la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito declaró que el Texas Medical Board estaba amparado por la inmunidad cualificada en un caso en que los doctores revisaron los historiales de los pacientes sin contar con las garantías constitucionales. Willett llamó a un «repaso profundo» de lo que implicaba una «ley claramente establecida» en la aplicación de la inmunidad cualificada, citando una tendencia en muchas cortes de conceder la inmunidad sin un precedente claro, mientras evadían la cuestión de si se había llevado a cabo una violación de los derechos constitucionales.»

No es difícil comprender que el Congresista Justin Amash presento el 4 de junio de 2020 una propuesta de Ley para acabar con la vigencia de la “inmunidad cualificada”. Debo consignar que el dominicano  Congresista Adriano Espaillat y la portorriqueña Congresista Alexandra Ocasio-Cortez son copatrocinadores junto a otros quince legisladores. En verdad que coronavirus y racismo es una mezcla inflamable… ¡muy peligrosa!

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