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17 de mayo del 2021

Opinión

Cultura de la ley

Luis Encarnación Pimentel. Hace un buen tiempo que un titular periodístico calificó a los choferes públicos como “los dueños del país”, por la recurrente mala práctica de hacer en calles y carreteras cuantas cosas les diera la gana, en franca violación de la ley, y sin que nada les pasara. Pero resulta que esa indiferencia […]




Luis Encarnación Pimentel.

Hace un buen tiempo que un titular periodístico calificó a los choferes públicos como “los dueños del país”, por la recurrente mala práctica de hacer en calles y carreteras cuantas cosas les diera la gana, en franca violación de la ley, y sin que nada les pasara. Pero resulta que esa indiferencia o irrespeto por las normas y las leyes que se da a la sociedad para la organización y convivencia armónica de sus ciudadanos, no es exclusiva de motoristas,“guagüeros” ni de “pataneros” a los que les caracteriza la imprudencia frente al volante, sino que también la encontramos en personas de otros estratos sociales, incluidas figuras públicas a las que se le supone determinado nivel de conocimiento y de profesionalidad. En estos casos, se podrá tener la formación -y la información a mano-, pero lo que prima son los intereses y las conveniencias, especialmente los de corte político.

Y esto ocurre, básicamente, porque al no tener instituciones fuertes por largo tiempo ni disponernos como sociedad a transitar una ruta de respeto por la institucionalidad, nos parece que todo siempre se puede o que se le puede “buscar un bajadero”. Como ha planteado muchas veces el magistrado Milton Ray Guevara, tenemos que ir por una cultura constitucional, de respeto absoluto de la ley. Lo anterior viene a cuenta, a propósito de la controversial Ley de Partidos recién aprobada en el Congreso y que, por las varias violaciones constitucionales que contiene, no se sabe qué tanto podrá ser aplicada o a donde finalmente podría ir a parar.

Después de más de 15 años de estar siendo manoseada y engavetada en el Congreso, lo menos que debieron hacer los legisladores era haberle entregado a la sociedad dominicana una pieza acabada y bien trabajada, que no vulnerara ningún precepto constitucional, para evitar cuestionamientos y recursos -como los que se están dando y que vendrán- y que proyecte un futuro incierto.

De las inconstitucionalidades que la ley tenía por el medio, se advirtió con mucho tiempo pero no se le hizo caso a nadie y se continuó con impulso y brios, como si se tratara de caña que iba para el molino. Si toda ley que choque con la Constitución “es nula de pleno derecho”, entonces nunca debió interpretarse ni aprobarse una pieza conteniendo varios artículos claramente frontales a la Carta Magna del país. Mientras tanto, a la JCE -que tienen plazos finales para cumplir con éxito un calendario de trabajo- se la ponen difícil, con una ley que ella es la primera en saber que es inconstitucional, pero le han dado para aplicar. Ahí el dilema: ¿la ley o la Constitución?… Con la agravante de que un recurso que prospere, podría cambiar calendario y planes.

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