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13 de abril del 2021

Opinión

Dicho y hecho

Por Claudio Acosta. Tal y como había prometido, el presidente Luis Abinader suspendió a ocho funcionarios de su gobierno, dos viceministros y seis directores generales, por no haber presentado su declaración jurada de bienes en el plazo que manda la ley 311-14. Vamos a citar aquí sus nombres y sus cargos para que, si tienen […]




Por Claudio Acosta. Tal y como había prometido, el presidente Luis Abinader suspendió a ocho funcionarios de su gobierno, dos viceministros y seis directores generales, por no haber presentado su declaración jurada de bienes en el plazo que manda la ley 311-14. Vamos a citar aquí sus nombres y sus cargos para que, si tienen un chin de vergüenza, sufran un poco, y también para que sirvan de ejemplo y la opinión pública se entere de que algunas cosas no se van a poder seguir haciendo. Son ellos: Faruk Garib Arbaje (¿será familia de la Primera Dama?), viceministro de Agricultura; José Miguel Cordero, también viceministro en la misma institución; Aníbal Díaz Belliard, director operativo de la Presidencia; Cecilio Rodríguez Montás, director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil; Francisco Cantizano Nadal, director del Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores; Simeón Fabián Ramírez Cruz, director ejecutivo del proyecto Cruz de Manzanillo; Kohuris Henríquez Disla, director general de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, y Ana María Henríquez Disla (¿serán hermanos?), directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Cuales sea hayan sido las razones de esos funcionarios, suspendidos de manera provisional y sin disfrute de sueldo, para no presentar a tiempo su declaración jurada de bienes no obstante la advertencia pública del mandatario, carecen de importancia; nada justifica su falta, mucho menos después de que la Cámara de Cuentas, acostumbrada a que la pongan de mojiganga, les concedió una prórroga. Ahora están obligados, si quieren disfrutar de sus cargos y, sobre todo, cobrar sus salarios, a cumplir con la ley 311-14, lo que estoy seguro harán, como seguro estoy también de que ya se dieron cuenta, al igual que la opinión pública, de que algunas cosas ya cambiaron en el Gobierno. No es, ni por asomo, todo lo que hay que cambiar, pero nada tiene de malo celebrarlo.

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