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20 de junio del 2021

Economía

Dilemas y dificultades del ineludible pacto fiscal

Parecería que tenía razón Don Quijote cuando hace 416 años le recordaba a Sancho que “los piratas sólo reparten entre piratas”. Por CÉSAR PÉREZ  Si hay un tema político/económico que desata temores, problemas y hasta demonios, como se dice tiene la mitológica Caja de Pandora en su interior, es el pacto fiscal. Existen importantes diferencias, sobre […]




Parecería que tenía razón Don Quijote cuando hace 416 años le recordaba a Sancho que “los piratas sólo reparten entre piratas”.

Por CÉSAR PÉREZ 

Si hay un tema político/económico que desata temores, problemas y hasta demonios, como se dice tiene la mitológica Caja de Pandora en su interior, es el pacto fiscal. Existen importantes diferencias, sobre lo que este significa, pero hay acuerdo, unánime discursivamente, en que este debe basarse en un compromiso entre los principales actores políticos, económicos y sociales para identificar y obtener los recursos materiales producidos y/o potenciales y distribuirlos con la máxima equidad en el territorio donde habita la gente. Sin embargo, puede darse el caso, como el nuestro, donde no sea difícil identificar esos  recursos, pero no así los actores determinantes para lograr un pacto sostenible.

Esa circunstancia, más el contexto de pandemia que trastoca  la vida de este país y del mundo, dificultan la materialización de la idea/urgencia del gobierno de buscar recursos para enfrentar los serios desafíos que en términos económicos harían sostenible sus políticas sociales, pero constituyen problemas  que tiene que sortear con iniciativas valientes e innovadoras en su relacionamiento con los sectores políticos y empresariales. Un importante dilema. También que este proyecto de reforma fiscal no puede ser desligado de una ineludible reforma del Estado, algunos hablan de refundarlo, para combatir la cultura de la depredación de lo público de parte grupos políticos/empresariales o  empresariales/políticos.

Un pacto político para esta reforma, se supone, es fundamentalmente con las fuerzas más importantes de ese ámbito. En este caso el PLD, sumido en una crisis de credibilidad pública de la que lejos de disminuir se acentúa, porque los apresamientos y sometimientos de muchas de sus piezas claves van tan lejos que no pocos piensan que llegarán hasta el actual presidente de ese partido y ex presidente de la República. Supone, además, un acuerdo con el sector empresarial, generalmente renuente a reconocer que el Estado tiene el deber de intervenir en la forma de producción  y distribución de la riqueza. Se requiere también la representación de la sociedad civil que, en nuestro caso, debe superar evidentes debilidades organizativas.

Según la OCDE, sólo Guatemala, con un 12.6% tiene menos impuestos que nosotros, 13.7, pero estamos entre los más corruptos, los que menos invierten en educación, en embarazos de adolescentes (generalmente no deseados o por violación), en derechos laborales y bajos niveles de sindicalización, etc., y de eso no son culpables sólo los políticos, sino también determinados poderes fácticos. Por consiguiente, hay razones para suponer que éstos últimos tratarían de limitar los alcances de una democratización  del gasto. Saben que, si el gobierno quiere más recursos para hacer viables sus políticas sociales, tiene que incrementar el gravamen a las grandes fortunas.

Además, dejar sin efectos las grandes exenciones fiscales y las donaciones millonarias de carburantes que reciben grandes empresas, al tiempo de contemplar nuevas potestades en materia impositiva a los gobiernos locales, para yugular el absurdo de que municipios como Haina, con el mayor parque industrial del país y de enclaves turísticos, como Higüey, estén entre aquellos que tienen los mayores índices de pobreza. También,  la inconcebible  situación de una Barrick Gold, que dispone de todo un río, mientras Cotuí casi no tiene agua. Parecida circunstancia vive  Bonao. Esto tiene una clara implicación en el tema de la tributación municipal.

No pueden poner impuestos análogos a los nacionales, por cuestiones constitucionales y de hasta de sentido común, pero sí plantear su derecho a gravar actividades que impactan en su territorio, algo fundamental para el  ejercicio de soberanía y de una gestión eficaz del municipio. Por lo cual,  también el poder local deberá ser agente a tomar en cuenta al momento de cualquier acuerdo de reformas tributarias. Igualmente, deberá contemplarse la eliminación algunos privilegios de los congresistas, una oferta de campaña del partido oficial y sus aliados, entre otros, pues de lo contrario mal podría justificarse una reforma en la que se pidan sacrificios y se mangan privilegios.

Es ése, otro de los dilemas que tiene que enfrentar el gobierno al momento de la propuesta definitiva del pacto fiscal. Y es que esta debe ir al centro del tema de la cultura política de este país, la cual determina esa propensión a considerar el poder como botín a ser repartido luego de los procesos electorales. Parecería que tenía razón Don Quijote cuando hace 416 años le recordaba a Sancho que “los piratas sólo reparten entre piratas”. Por consiguiente, si se quiere repartir la riqueza con equidad y sostenibilidad, para que sea viable el acuerdo con diversas fuerzas políticas, económicas y sociales, el gobierno debe apoyarse el sector que más lo necesita: el pueblo llano. De algo debe servir la experiencia de Colombia.

Allí los ricos impusieron el pacto, pero los pobres y capas medias pusieron y mantienen patas arribas a ese país

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