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11 de abril del 2021

Opinión

El abuso irritante de los transportistas

Soraya Castillo. La situación que vive el país con los propietarios del transporte público hace mucho tiempo que tocó fondo. Se trata de un problema que el Estado ha mostrado evidente incapacidad para resolver, o en su defecto falta de voluntad para encarar a los promotores de un caos que envuelve una multiplicidad de intereses. […]




Soraya Castillo.
La situación que vive el país con los propietarios del transporte público hace mucho tiempo que tocó fondo. Se trata de un problema que el Estado ha mostrado evidente incapacidad para resolver, o en su defecto falta de voluntad para encarar a los promotores de un caos que envuelve una multiplicidad de intereses. Muchos coinciden en culpar a las presentes y pasadas autoridades de todo cuanto ocurre alrededor de los sindicatos de choferes, y del impacto que crean sus acciones y decisiones en el seno de la población. Durante décadas, estos empresarios disfrazados de gremialistas han salido gananciosos de sus chantajes ante gobiernos que ceden de manera facilona. Estos señores manejan inmensas cantidades de dinero, porque son los amos absolutos del monopolio de transporte de pasajeros. Y son estos últimos los más afectados en este círculo vicioso sin fin, porque cuando a esa gente se le antoja paralizar el ritmo normal de la nación lo hace sin ningún tipo de oposición. Quizás por esta razón los llaman los “dueños del país”, porque sobre ellos no se ejerce autoridad alguna y no existe el imperio de la ley para actuar en su contra. Estamos, pues, ante un abuso que a quien afecta directamente es a cientos de miles de usuarios, entre ellos ciudadanos que aunque tienen sus vehículos optan por utilizar el transporte público, para aliviar sus maltratados bolsillos ante los aumentos del precio de los combustibles. Así es, de un combustible del que “los dueños del país” se han beneficiado de manera irritante, con un subsidio absurdo que en nada contribuye a reducir el precio de las tarifas de los pasajes. Esos empresarios del transporte, que de sindicalistas nada tienen, han hecho fortunas con millones de galones de combustibles comprados con dinero del erario, pero que el Estado se los regala de forma descarada y en franco desafío a la paciencia ciudadana. ¿Qué hacer, entonces? Las autoridades deben intervenir y sancionar esas acciones que alteran todas las actividades productivas. Lo lamentable es que el Estado no haya procurado fortalecer el sistema de transporte con autobuses de calidad y que ante eventos como estos den respuestas al pueblo indefenso. Nadie, definitivamente nada ni nadie, tiene derecho a perturbar el desarrollo cotidiano del comercio, empresas, familias ni las actividades en los centros educativos, como ocurrió el pasado lunes. Se hace urgente la adquisición de una flotilla de autobuses que sirva de alternativa para neutralizar los paros sorpresas o anticipados de estos señores, en el servicio de transporte que sirven a los ciudadanos. Se hace sin demora o el Estado habría perdido su rol esencial de garantizar el bien de los gobernados. Y eso sí que sería catastrófico.

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