20 de octubre del 2021

Economía

El CEA, ente depredador y de ilícitas riquezas

Por JOSÉ LOIS MALKÚN  ¿Qué hacer con el CEA? ¿Desaparecerlo? ¿Fusionarlo?, ¿quemarlo? Ya esta bueno de que militares, funcionarios, senadores, diputados, empresarios, narcotraficante, bandoleros y toda clase de alimaña sigan disfrutando de los bienes del CEA de donde extraen millones de pesos para su beneficio sin que el estado recibía un centavo. Eso es inconcebible e […]




Por JOSÉ LOIS MALKÚN 

¿Qué hacer con el CEA? ¿Desaparecerlo? ¿Fusionarlo?, ¿quemarlo?

Ya esta bueno de que militares, funcionarios, senadores, diputados, empresarios, narcotraficante, bandoleros y toda clase de alimaña sigan disfrutando de los bienes del CEA de donde extraen millones de pesos para su beneficio sin que el estado recibía un centavo. Eso es inconcebible e inaceptable.

Si OISOE, hoy disuelta, ocupo los primeros lugares en cuanto a la corrupción administrativa en sus 32 años de azarosa existencia, el CEA, que sobrevive desde el año 1961, llamándose primero Consorcio Azucarera Dominicana y a partir del 1966 Consejo Estatal de Azúcar, ha sido la peor pesadilla en materia de corrupción y desfalco a los bienes públicos.

El CEA es la fuente de grandes riquezas ilícitas. Se robaban las piezas de las maquinarias para venderla en el mercado negro, las compras y obras físicas se amarraban a ciertas empresas que pagaban jugosas comisiones, el transporte de melaza se usaba para pagar sobornos, contaban con un personal supernumerario que ni explotando oro hubiera sido rentable, civiles y militares se adueñaron arbitrariamente de millones de tareas de tierra, se robaron ganado, se apropiaron de equipos pesados que costaban una fortuna, se vendieron tierra a precio de vaca muerta y  despidieron a miles de trabajadores sin pagarle prestaciones.

Además, la industria azucarera fue desde la época de Trujillo la raíz o el origen de la fuerte inmigración haitiana que hasta hoy sigue activa.

El director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), César Cedeño Ávila, declaro recientemente lo siguiente: “que su principal reto es ubicar y recuperar cerca de un millón de tareas propiedad de esa institución, usufructuadas ilegalmente por exfuncionarios, coroneles, generales, senadores, diputados, empresarios y “bandas organizadas”, valoradas en cientos de miles de millones de pesos”.

Aunque el gobierno anuncio la fusión del CEA con Bienes Nacionales todavía esta institución sigue costándole al fisco unos 1,770 millones anuales y 890 millones en pago de nómina, incluyendo el ingenio Porvenir. Esperamos que en el 2022 ese presupuesto sea solo para pagar prestaciones laborales.

Este anuncio de fusión se enmarca en la estrategia del gobierno de reducción del gigantismo estatal y la austeridad que se le quiere imprimir al gasto público. La Comisión de Liquidación de Órganos del Estado (CLOE) que depende del Ministerio de la Presidencia, ha estado trabajando en esa dirección, pero aún falta mucho por hacer.

El CEA aún tiene dos ingenios en operación: Barahona (arrendado) y Porvenir. Algo totalmente absurdo porque esos ingenios deben privatizarse o transferirse al nuevo órgano que el gobierno está creando para manejar sus empresas. Me refiero al Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos (CONEFIP), cuya ley fue aprobada en primera lectura por el Senado y que implica también la desaparición de FONPER y CORDE, otros dos depredadores de los bienes públicos.

También aquellos ingenios que están inactivos hay que ponerlo a la venta, aunque sea como chatarra.

El CEAGANA es otro elefante blanco con mas de 6 mil cabezas de ganado inventariadas por la CLOE y decenas de instalaciones en todo el país, que también deberían someterse a publica subasta para su venta o distribuir ese ganado y las instalaciones entre asociaciones de campesinos pobres. Otra opción es pasarle todo el CEAGANA a la Dirección de Ganadería.

Las tierras es el gran problema. Lo primero es saber ¿cuánta tierra tiene el CEA? ¿Cuánta esta arrendada? ¿Cuánta esta invadida? ¿Cuántas se pueden distribuir dentro de los planes de reforma agraria? ¿Cuánta están sembradas de caña para abastecer a los ingenios activos? ¿Cuánta tiene vocación urbana o turísticas que pueden venderse en pública subasta? ¿Cuántas están en manos de empresarios que la usufructúan ilegalmente para desarrollar proyectos agropecuarios, habitacionales o comerciales?

Con este inventario listo (que la CLOE ha venido trabajando desde hace meses) hay que someter un proyecto de ley liquidando al CEA y pasando todas sus tierras a Bienes Nacionales. Esta deberá iniciar un proceso judicial para la recuperación de las tierras ocupadas ilegalmente o arrendadas irregularmente y que no pagan un centavo.

El presidente Abinader no debe descansar hasta que vea hecho realidad la disolución del CEA y de todas esas instituciones públicas que fueron la principal fuente de corrupción pública y privada durante muchos años

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