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06 de mayo del 2021

Política

El fiscal electoral

La República Dominicana, de la mano del Partido de la Liberación Dominicana y de su presidente Danilo Medina, se ha colocado como uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional; de igual modo comparte con México el segundo lugar en fraudes electorales, aunque los aztecas han avanzado en ese sentido, pues el […]




La República Dominicana, de la mano del Partido de la Liberación Dominicana y de su presidente Danilo Medina, se ha colocado como uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional; de igual modo comparte con México el segundo lugar en fraudes electorales, aunque los aztecas han avanzado en ese sentido, pues el Ministerio Público tiene un nivel de independencia desde hace unos dos años, lo cual no sucede en el nuestro. Otros organismos extranjeros aseguran que la corrupción le cuesta a este pobre país alrededor de un 4% de su PIB, más de 150 mil millones de pesos todos los años, lo cual impide su desarrollo, pero garantiza la acumulación de capitales a un puñado de dirigentes políticos y funcionarios que jamás podrán explicar el origen de sus incalculables fortunas en tanto la marginalidad y la pobreza se desvela en los barrios de las principales ciudades, con un déficit habitacional que supera el millón 500 mil, una inversión en salud pública que no llega al 2% cuando la media en la región es del 5%. El endeudamiento externo no puede ser mayor. Danilo Medina –que intenta mantenerse en el poder por las buenas o por las malas, con votos o con botas- ha tomado más dinero prestado que todos los presidentes que ha tenido el país desde la proclamación de su independencia en 1844. La extinta presidente de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios dijo que con lo que se han robado los funcionarios públicos se puede construir otra República Dominicana, más próspera y desarrollada. (¡Pa’ que sepan!). Según el estudio de Transparencia Internacional, al 46% de los dominicanos admite que le han comprado su cédula, a plena luz del día, alrededor de los recintos electorales sin que ninguna autoridad lo impida. Participación Ciudadana comprobó la compra de cédulas en el 30% de las mesas mientras los ministros, viceministros, directores generales, embajadores, cónsules, fiscales, etc., en franca violación de la ley 41-08 de Función Pública, andaban con sus alforjas repletas de dinero del Estado haciendo lo que hacen siempre durante los comicios: ¡comprar las elecciones! Y mientras eso ocurría, el Plan Social de la Presidencia, Salud Pública, Obras Públicas, la CDEEE, Inapa, Agricultura, Comedores Económicos, entre otros, hacían campaña en favor del candidato oficialista distribuyendo electrodomésticos, materiales de construcción, alimentos, etc., a la vista de todos. Todas esas prácticas fraudulentas debieron servir para declarar nulas, de pleno derecho, las primarias, amén del fraude electrónico, cada vez más obvio. Pero, en ningún caso, el órgano regulador y rector, que es la Junta Central Electoral, ahora intempestivo y desafiante, intervino.

Por:

Juan Taveras Hernández.

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