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12 de abril del 2021

Política

¿El ocaso de los generales?

Los generales pueden haber cambiado los golpes de estado por la corrupción, pero los políticos no han cambiado la corrupción por la honorabilidad. Por JUAN LLADO Ser general era una aspiración suprema cuando los monarcas peleaban en batallas, los combates eran cuerpo a cuerpo y prevalecían los gobiernos autocráticos. Con el advenimiento de las democracias, sin […]




Los generales pueden haber cambiado los golpes de estado por la corrupción, pero los políticos no han cambiado la corrupción por la honorabilidad.

Por JUAN LLADO

Ser general era una aspiración suprema cuando los monarcas peleaban en batallas, los combates eran cuerpo a cuerpo y prevalecían los gobiernos autocráticos. Con el advenimiento de las democracias, sin embargo, el rango ha perdido rutilancia al estar la carrera militar supeditada a las directrices de los civiles. Ahora que parece que habrá una sustancial reducción del número de generales de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional el rango perderá mucho de su glamor. Nada más beneficioso para fortalecer nuestro estado de derecho, aunque las inconductas de los generales no sea culpa solo de ellos.

Antes y después de las guerras de Independencia y de la Restauración eran las contiendas bélicas internas las que generaban los generalatos. Muchos de los caudillos de “la montanera” se auto titulaban generales y, en muchos casos, el rango no necesariamente implicaba haber combatido a sangre y fuego. Eran los tiempos de los hombres de palabra que la certificaban con el pelo de un bigote, siendo el espeso bigote una señal de honorabilidad y valentía. (Cesáreo Guillermo, un general “de pelo en pecho” que ejerció la presidencia en dos cortas ocasiones, ornamentaba su cara con un enorme bigote.) Hay quien sostiene –sin lograr comparaciones irrefutables-- que los hombres de entonces eran más guapos que los de ahora, aunque ambos gustan del generalato. Cesáreo GuillermoCesáreo Guillermo Ignacio Ma. GonzalezIgnacio Ma. Gonzalez ises Hereauxises Hereaux

En tiempos decimonónicos, el rango era un estatus que concedían los mandatarios de turno por razones políticas, en vista de que los combates en que participaban iban tras el poder el político. Después de la Restauración, cuando los historiadores reportan que teníamos unos 1,500 generales, no hemos tenido contiendas bélicas donde se hayan imitado las hazanas de gente como Duverge, Imbert y Luperón ante un enemigo externo. Nuestra guerra civil de 1965 olió a sangre, pero no creó generales en ninguno de los dos bandos. En el siglo XX el generalato devino más en un reconocimiento social, en ocasiones auto imputado o logrado por una posición económica. De todos modos, como en muchas otras latitudes, el generalato era una posición de poder que subordinaba a los más débiles y se asociaba a la violencia o truculencia.

En la época postrujillista se ha aspirado al rango más para conseguir privilegios y canonjías que para lograr honorabilidad. Por eso hace tiempo que los generales se ven como parásitos de la sociedad a quienes los políticos sostienen mediante “la comida del boa” para mantenerlos tranquilos en sus cuarteles y prevenir asonadas militares. Balaguer comenzó la práctica de multiplicar los beneficiarios y los gobiernos del PLD la entronizaron hasta el punto de atomizar el poder militar y disminuir su prestancia social. Con decenas de generales es mucho más difícil que uno de ellos se erija en líder golpista. Y más porque ya los grandes bigotes no están a la moda.

Según la prensa, hoy día tenemos 109 generales, 69 en las Fuerzas Armadas y 40 en la Policía. (Los coroneles se cuentan por cientos.) Eso significa un gran progreso, un 52% menos, puesto que en el 2014 se reportaron 170 y 57 respectivamente. Un reporte de prensa advierte: “Las autoridades estiman que para finales de este año el 80 % de los generales y almirantes activos cumplirán su tiempo hábil en las filas, bajo las tres condiciones para el retiro: tiempo en servicio, edad biológica y tiempo en el rango. Además de formar parte de un generalato ilegal a la luz de la normativa militar, representan una carga económica para el presupuesto de defensa ya que tienen asignados vehículos, armas, escoltas, combustibles y otros beneficios colaterales”.

Resulta curioso, pero no sorprendente que los criterios para el retiro de los generales no están asociados a su naturaleza y brillantez en el servicio. Aunque desde que culminó la Restauración no hemos tenido guerras con adversarios externos, el ascenso a ese alto rango debería reflejar un desempeño impecable en la gerencia de los comandos y en las funciones a su cargo. Sin embargo, solo se menciona “tiempo en el servicio” y no la naturaleza del servicio y su calidad de desempeño. Parecería que para llegar a ser general solo se requiere vegetar. La hipertrofia de nuestro generalato de hoy, entonces, no solo no guarda relación con los méritos, sino que además denigra a la carrera militar al causar “entaponamiento” en los ascensos y restarle honorabilidad al rango.

La situación actual, por tanto, no puede mantenerse si queremos que el generalato inspire respeto y vista la toga de la honorabilidad. Además del desequilibrio estructural que esto refleja al no otorgarse el rango por merecimientos válidos, se deshonra aun más la carrera militar por el descomunal fracaso que han acusado nuestras Fuerzas Armadas en la única encomienda que comporta visos militares: ser efectivos “Centinelas de la Frontera”. Fue por eso y por los costos de ese generalato por lo que en el 2018 quien esto escribe sugirió que se considerara la posibilidad de abolir las Fuerzas Armadas en un pacto de mutua aplicación con Haiti. Hoy día hay 25 naciones que no tienen fuerzas armadas, siendo el caso de Costa Rica el único en America Latina.

Sería un error de juicio, sin embargo, endilgarle la culpa del “entaponamiento” a los mismos militares. Los líderes políticos de nuestra historia, tanto civiles como militares, son los principales culpables. Ellos se labraron y se labran lealtades políticas al conceder el rango. En la época postrujillista los gobernantes han sabido de la corruptela existente en las compras de los cuerpos armados y policiales, pero han hecho caso omiso para no desarbolar las avispas. Hace un tiempo,  Wikileaks reportó cómo un presidente admitió saber de las onerosas comisiones que cobraba la cúpula militar por las compras oficiales y se defendió alegando que esa práctica prevalecía en toda America Latina y que arriesgaba su vida si procedía en su contra.

Para saber qué pasará con el generalato ahora habrá que esperar a ver qué pasa con el caso de los Tucanos para poder intuir el impacto de una condena sobre el futuro de la corrupción militar. En el caso de la Policía hubo una condena –luego descartada-- de un jefe de la institución y más de un centenar de oficiales por apoderarse de vehículos de lujo confiscados o robados. Y ni hablar de los reportados peajes que se cobran a los narcotraficantes en los barrios y/o a los haitianos que buscan entrar ilegalmente al país. Pero esas inconductas palidecen frente a las hazañas de corrupción que han protagonizado algunos políticos en tiempos recientes. Aunque siempre hay sus honrosas excepciones, los generales pueden haber cambiado los golpes de estado por la corrupción, pero los políticos no han cambiado la corrupción por la honorabilidad. La clase militar/policial no supera a la clase política en materia de estas deleznables inconductas.

Por supuesto, la reducción del número de generales es deseable para dignificar la carrera militar. El “gobierno del cambio” aparentemente se propone esa tarea, a juzgar por el número de retiros que ha hecho en días recientes. Pero tendremos que esperar a ver si se logra reducir hasta los límites establecidos por las leyes orgánicas de esas instituciones y respetando aquellos que lo merecen. Eso es uno de los elementos clave en la “reforma” de las respectivas instituciones. En eso el presente gobierno tiene un reto mayúsculo, así como lo tiene para reducir la nómina publica a niveles razonables.

Del generalato no puede prescindir ningún país civilizado siempre y cuando tenga fuerzas armadas. Pero si queremos consolidar nuestra democracia, combatiendo la corrupción y la impunidad, debemos también considerar la abolición de los institutos castrenses como una opción válida. No hay duda de que sería mucho más efectiva que la reducción de los generales y la cacareada profesionalización (o “transformación”, en el caso de la PN donde urge la desmilitarización de los rangos) de las instituciones. ¿Podrá la clase política respetar el altar milagroso de la institucionalidad prescindiendo de ese tipo de apoyo?

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