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07 de mayo del 2021

Opinión

En Procuraduría, también

Cristhian Jimérez  El ambicioso y oportunista banquero dis­puso borrar gra­baciones de cá­maras que había instalado para espiar a ejecutivos y ac­cionistas, pero un jovencito de costosa contratación en dólares recobró las filmacio­nes en las que aquel instruía a funcionarios mentir a las autoridades regulatorias. Las grabaciones sepul­taron las mentiras del in­dividuo, quien pretendía convertir en […]




Cristhian Jimérez
 El ambicioso y oportunista banquero dis­puso borrar gra­baciones de cá­maras que había instalado para espiar a ejecutivos y ac­cionistas, pero un jovencito de costosa contratación en dólares recobró las filmacio­nes en las que aquel instruía a funcionarios mentir a las autoridades regulatorias. Las grabaciones sepul­taron las mentiras del in­dividuo, quien pretendía convertir en cómplices a quienes había engañado y casi arruinado, ya que tu­vieron que responder con sus ahorros y bienes por la defraudación en su condi­ción de directores. Para mala suerte de los timadores superamos la etapa de las trituradoras de papeles y ahora todo lo que se digitaliza guarda rastros, que imposibilita la labor de borrado absoluto hasta para los más hábiles expertos israelíes. Las leyes sobre sobre transparencia en la contra­tación de compras de pro­ductos y servicios han me­jorado, aunque siempre hay astutos, que pese a no ha­ber hecho las leyes conocen ampliamente las trampas. Individuos conectados con los departamentos de compras de ministerios y agencias del gobierno pa­san por encima o se escabu­llen por rendijas de las nor­mas o son enviados desde el centro del poder con adver­tencias a incumbentes para que atienda los llamados de la sangre o la carne. En ocasiones el propio cabeza de la institución es que estructura el esquema con varias empresas pro­pias que compitan en las “li­citaciones” que patrocina, e incluye pequeñas y media­nas para cubrir la parte de la obligatoriedad de favo­recer a las mypimes con un 20 por ciento del total de las contrataciones. Luego, conocedores de las informaciones o reali­zados los requerimientos a la medida de la conspira­ción, ofrecen mejores ofer­tas técnicas y financieras y, ¡arbricias!, sus compañías son las ganadoras. ¿Cómo resolver, entonces el problema de que ofrecie­ron un producto a cinco pe­sos que los demás estaban imposibilitados de vender a menos de 10? Sencillo: en­tregando la mitad o redu­ciendo su calidad a mera por­quería. Hasta en productos alimenticios aplicaron esta criminal fórmula autoridades del gobierno saliente. Empleados que recibían mercancías eran amenaza­dos o seriamente advertidos de firmar conforme a lo pac­tado y que figuraba en el pa­pel sin importar cantidades o condiciones. Ya hay muchas personas dispuestas a hablar y que han adelantado infor­maciones y documentos. Entonces, en este contex­to es lógico que después de los excesos en la campaña electoral municipal y las lo­curas en las presidenciales y congresuales en medio de la pandemia, se intente bo­rrar evidencias de las millo­narias irregularidades. El presidente Abinader denunció que el gobier­no carece de informacio­nes sobre inventario, deu­das, pagos y compras en el Plan Social de la Presiden­cia “porque se llevaron los discos duros de las compu­tadoras”. La saliente direc­tora, Iris Guana explicó que los datos están en archivos en la nube, aunque luego admitió que autorizó a las encargadas administrativa y jurídica a retirar los dis­cos, que alegaron tener allí información personal. En el caso de Promese, la vicepresidenta Raquel Peña denunció que encon­traron bloqueado el siste­ma de computadoras. El exdirector, Enriquillo Ma­tos rechazó la acusación. La Procuraduría Gene­ral de la República, respon­sable de la investigación y persecución penal ha sufri­do una situación similar, se­gún informes confiables. Un equipo de expertos con auxilio externo labo­ran en la recuperación de informaciones conside­radas sensitivas y que no han sido encontradas en los servidores. Desde ese despacho el anterior incumbente, Jean Alain Rodríguez espió y fa­bricó acusaciones contra la actual Procuradora, Mi­riam Germán, cuando la funcionaria se desempe­ñaba como jueza de la Su­prema Corte de Justicia. Pronto habrá “humo blanco”, se espera, sin te­ner que recurrir a un con­trato en dólares, como se vieron obligados aquellos banqueros en 2006.

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