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22 de abril del 2021

Opinión

Esos infames acuerdos

Dice Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Policía prefiere matar, antes que apresar, en casos como el de Rubén Darío Jiménez, quien se encontraba prófugo luego de asesinar a balazos a su pareja y otros tres miembros de su familia, hasta que cayó abatido en un supuesto […]




Dice Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Policía prefiere matar, antes que apresar, en casos como el de Rubén Darío Jiménez, quien se encontraba prófugo luego de asesinar a balazos a su pareja y otros tres miembros de su familia, hasta que cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con agentes de la institución en el que también resultó muerto un joven que lo acompañaba. Hay que responderle al reconocido activista que buena parte de la ciudadanía esperaba, y hasta deseaba, ese desenlace, convencida de que un crimen de esa magnitud merecía la pena de muerte, que no está contemplada en nuestro Código Penal pero que la Policía aplica a discreción a “reconocidos delincuentes” en sus intercambios de disparos. Que tanta gente aplauda lo que debe ser condenado solo muestra lo mal que andamos, pues ocurre que, como sabemos de sobra, ni matando delincuentes vamos a terminar con la delincuencia, ni acribillando a balazos a los feminicidas vamos a evitar que los hombres sigan matando a sus parejas y exparejas, ni se va a detener tampoco la violencia intrafamiliar que convierte las vidas de muchas mujeres en un infierno del que les resulta muy difícil escapar. Por eso no puede considerarse que la muerte de Rubén Darío Jiménez ha cerrado el caso, pues todavía necesitamos saber, si queremos evitar que estas tragedias se repitan, por qué volvió a fallar el sistema de protección que el Estado está obligado a ofrecer a las mujeres que denuncian amenazas y maltratos. Y una buena forma de hacerlo es investigando la actuación de la fiscal de la Unidad de Atención Integral de las Víctimas de Violencia de Género de Santo Domingo Este, quien puso a víctima y victimario a firmar otro de esos infames acuerdos que la ley no contempla, pero que de manera inexplicable forman parte del protocolo de un sistema de protección que ha demostrado ser fatalmente inoperante. Por: Claudio Acosta.

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