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16 de mayo del 2021

Economía

Estadistas versus populistas

Andrés Dauhajre Hijo . Martes, 27 de julio de 1999. El Congreso Elector del PLD proclama a Danilo Medina candidato presidencial. Ese día el precio del barril de petróleo cerró en US$20.40, 56% más elevado que el precio promedio del primer trimestre. En diciembre de 1996, luego de dirigirse al país durante tres noches consecutivas, […]




Andrés Dauhajre Hijo .

Martes, 27 de julio de 1999. El Congreso Elector del PLD proclama a Danilo Medina candidato presidencial. Ese día el precio del barril de petróleo cerró en US$20.40, 56% más elevado que el precio promedio del primer trimestre. En diciembre de 1996, luego de dirigirse al país durante tres noches consecutivas, el presidente Leonel Fernández había tomado la decisión de restaurar los ingresos del diferencial petróleo, una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales. De 1.8% del PIB que habían alcanzado en 1994, cayeron a 1.5% en 1996. Esta valiente decisión permitió elevar las recaudaciones a 2.0% del PIB en 1997-1998. A partir del segundo trimestre de 1999, los precios del petróleo entraron en tendencia alcista y el Gobierno, al no traspasar dicho aumento a los precios al consumidor, permitió que los ingresos del diferencial comenzaran a bajar. En una reunión en Palacio a la que fuimos invitados Jaime Aristy Escuder y el autor de este artículo, se pidió opinión sobre la disyuntiva al candidato del PLD en las elecciones del 2000. Su respuesta: “No importa si mi candidatura se afecta; lo responsable, lo correcto, es ajustar los precios de los combustibles y restablecer los ingresos del diferencial”. A pesar de la posición del candidato, el Gobierno permitió la erosión de los ingresos del diferencial, los cuales cayeron a 0.8% del PIB en el 2000, excluyendo 0.3% aportado por la Comisión Cambiaria.

Martes 10 de octubre de 2000. Eran las 9 a.m. cuando Carolina Mejía y José Lois Malkún, ante la insistencia de Jaime Aristy, llegan a las oficinas de la Fundación para ver la presentación sobre “La Situación Macroeconómica Actual: Medidas y Reformas Necesarias”, que habíamos presentado previamente al Secretario de Finanzas, Fernando Álvarez Bogaert. Terminada la presentación, Carolina hace una llamada. Cuando cierra, nos pide estar a las 7 p.m. en punto en casa del Secretario de Finanzas, para hacer la presentación al Presidente, quien estaría acompañado por Malkún y Frank Guerrero Prats, Gobernador del Banco Central. Durante dos prolongadas horas, Hipólito Mejía, que había instruido a todos guardar silencio y no interrumpir, observó con atención desde su mecedora, cada una de las 157 imágenes proyectadas y otras 25, en anexo confidencial, que presentaba el listado de empresas del país que se habían mantenido durante años declarando pérdidas ante la DGII.
Concluida la presentación, Hipólito no titubea. Me instruye preparar todo y entregarlo a Malkún. Habíamos recomendado ejecutar una amplia reforma tributaria que, si se ejecutaba integralmente, llevaría la presión tributaria a 20%. Entre las medidas planteadas se incluyó la sustitución del diferencial por un impuesto específico de RD$15.50 por galón consumido de gasolina regular, RD$6.50 para el gasoil regular, RD$5.00 para el kerosene y RD$3.00 para el avtur, entre otros combustibles. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 112-00 el 29 de noviembre del 2000, que estableció los impuestos específicos iniciales para esos combustibles, ajustables por inflación, en RD$15.00, RD$5.00, RD$5.00 y RD$1.75 por galón, respectivamente. Paralelamente, el Banco Central seguiría cobrando la comisión de cambiaria (5%, en ese momento), que operaba como un impuesto cuasi-fiscal. Esta reforma, una de las más trascendentales que los gobiernos del PRD han aportado al país, permitió que las recaudaciones por impuestos y comisión cambiaria retornasen, de manera explícita y transparente, características que no exhibía el esquema del diferencial, a 2.0% del PIB

Martes, 24 de febrero de 2004. El reloj indicaba 11:50 a.m. El Ministro de Hacienda, el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, el Superintendente de Electricidad, entre otros, estábamos a punto de ingresar al Despacho. La denominada Comisión Presidencial para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico había solicitado ser recibida con urgencia, ante la inminencia del colapso financiero del sector eléctrico, como consecuencia de la marcada devaluación del peso que había provocado el esquema de rescate de depositantes ejecutado por el Banco Central. La caja de las EDES, con las tarifas vigentes en febrero, no permitiría pagar ni el 40% de la energía comprada a los generadores. A los 12 p.m., hora pautada, ingresamos. Luego de los saludos, uno de los miembros oficiales de la Comisión toma la palabra y comienza a explicar la situación financiera del sector eléctrico. Cinco meses antes, el Presidente había anunciado a toda la nación la flexibilización de la tarifa eléctrica y la eliminación del subsidio generalizado en el consumo de electricidad. En lo adelante, si los precios de los combustibles y/o la tasa de cambio subían, la tarifa subiría y, viceversa, si bajaban, bajaría. La medida fue acompañada de dos mecanismos de compensación: el establecimiento de un subsidio focalizado a los hogares localizados en barrios pobres y un aumento de 14% en el salario mínimo del sector privado. El coordinador de la Comisión pasa la palabra al Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, quien explica como el alza de los precios o de la tasa de cambio, afecta la caja de las EDES si la tarifa no se ajusta proporcionalmente. El Superintendente interviene también y hace precisiones necesarias. Hipólito reacciona. “Me están toreando y no me quieren decir directamente que es lo que pasa. Llevan 15 minutos teorizando y dando vueltas. Dime Andy, ¿qué es lo que no me quieren decir?” ‘Presidente, hay que subir la tarifa en 40% a partir de marzo, si la tasa de cambio promedio de febrero termina en 49.’ Tres segundos más tarde, el Presidente responde: “¿Eso es todo? Yo expliqué al país el año pasado, cuando adoptamos la tarifa flexible, lo que esta implicaba. Ahora no nos vamos a echar atrás. Procedan, auméntenla en 40%, y se me van, que tengo gente esperando.” El coordinador de la Comisión, muy preocupado, advierte al Presidente que esa decisión sería terrible para sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales de mayo. Hipólito pregunta: “¿A quién fue que ustedes vinieron a ver, al Presidente o al candidato? Olvídense del candidato. Yo como Presidente tengo que asumir mi responsabilidad y tomar las decisiones correctas, independientemente de que eso afecte mis posibilidades de ser reelecto. Se me van, que hay gente esperando”. La tarifa eléctrica fue aumentada en 38.4% en el pliego de marzo; no aumentó en 40% porque el precio del barril de petróleo bajó 1.5% con relación al del mes anterior.

Estos acontecimientos deben ser dados a conocer para que todos los que aspiran a dirigirnos estén plenamente conscientes de las responsabilidades que se asumen desde la Presidencia de la República, cuando deben tomarse medidas que acarrean costos políticos. Hemos mostrado dos casos, uno de un Ministro de la Presidencia-candidato, Danilo Medina, y otro de un Presidente-candidato, Hipólito Mejía. Ambos actuaron como lo hacen los estadistas en situaciones difíciles.

Debo expresar mi seria preocupación cuando observo las declaraciones y propuestas oportunistas de algunos dirigentes políticos de oposición que, sin darse cuenta, proyectan una imagen de no estar preparados para manejar el Estado y asumir las responsabilidades que hereda quien asume la dirección de la Nación. En estos momentos en que los precios del petróleo y sus derivados han estado subiendo en el mercado mundial, algunos dirigentes de la oposición hacen propuestas populistas que tenderían a reducir una fuente de ingreso fiscal que de por sí, ha perdido terreno en los últimos años. Mientras en el año 2001, los ingresos por impuestos sobre los combustibles representaron el 2.0% del PIB, este año apenas representarán el 1.4%. Aun así, la oposición demanda que sean reducidos, mientras plantean la necesidad de más aumentos de salarios en el sector público y una reducción del endeudamiento público. La oposición debe evitar que, debido a su matrimonio con el populismo macroeconómico, la gente comience a asumir que el cambio derivaría en irresponsabilidad fiscal y pérdida de la estabilidad.

No escapo a la realidad de que el discurso populista puede generar rentas políticas considerables. El que tenga dudas solo tiene que echar un vistazo a la campaña realizada en el 2018 por el candidato opositor en Malasia. Mahatir Mohamad prometió eliminar el impuesto de 6% sobre bienes y servicios (GST) y establecer un subsidio al consumo de la gasolina, a pesar de que el déficit público es de 5% del PIB y la deuda del gobierno general de 54% del PIB, medidas que profundizarían la crisis fiscal. La eliminación del GST generaría una pérdida de ingresos fiscales de 3.5% del PIB. Las promesas encantaron a los malayos y Mahatir ganó con el 48% de los votos. Cumpliendo con su palabra, el nuevo Primer Ministro eliminó, a partir del 1ro. de junio, el GST de 6%. Semanas después, anunció que el desmantelado GST sería sustituido por un Impuesto sobre Ventas y Servicios (SST).
López Obrador adoptó una pose similar en México. Prometió reducir del impuesto sobre la renta en la frontera, duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza, reducir el IVA en la región fronteriza de 18% a 8%, subsidiar a productores agrícolas, fijar precios de garantía a productos del campo, congelar los precios de los combustibles, duplicar las pensiones, recortar los sueldos de funcionarios, y proveer educación gratis a través de becas a todos los jóvenes del país. ¿Costo total de las propuestas? 12.3% el PIB, lo que llevaría el déficit fiscal a 13.4% del PIB. ¿Cómo lo financiará? Como respondería Cantinflas: con los ahorros derivados de la reducción de la corrupción. Y claro, ganó de calle, con el 53% de los votos.

Desconocemos las opciones para el 20. Lo ideal, una competencia entre dos estadistas. Segundo mejor o ‘second best’, un estadista versus un populista. Peor de los casos o ‘worst case scenario’, una batalla entre populistas. Con un stock de US$14,300 millones de nuestros bonos globales transándose a diario en el mercado secundario, Wall Street estará pendiente, muy pendiente.

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