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15 de abril del 2021

Opinión

Expulsemos a la Odebrecht

Lic. Vinicio A. Castillo Semán. La página 14 del documento acusatorio de la Procuraduría General de la República depositado en la Suprema Corte de Justicia ante el Juez Francisco Ortega, en apoyo a su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Odebrecht, incluye al contrato de las plantas de […]




Lic. Vinicio A. Castillo Semán.
La página 14 del documento acusatorio de la Procuraduría General de la República depositado en la Suprema Corte de Justicia ante el Juez Francisco Ortega, en apoyo a su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Odebrecht, incluye al contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina en la enumeración de obras por cuya “adjudicación y otorgamiento” Odebrecht pagó sobornos a funcionarios públicos de la República Dominicana. Textualmente el documento ofi - cial de la Procuraduría General de la República, sellado y fi rmado, expresa: “Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Ángel Rondón Rijo a funcionarios de la República Dominicana utilizando una estructura corporativa de empresas offshore pertenecientes al imputado Ángel Rondón Rijo y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht”. Sumado a este grave hecho, la enumeración y sumatoria de los sobornos enviados por Odebrecht a la República Dominicana, conforme a la acusación del Ministerio Público, establecen claramente que en los años 2013 al 2015 Odebrecht envió a República Dominicana US$50,829,918.41 en 34 transferencias para sobornos de funcionarios públicos, coincidiendo con el período en que se contrató la única obra nueva que Odebrecht tenía en el país, las plantas de Punta Catalina, sin contar las transferencias del año 2012 y del 2016. Después que el país conociera la página 14 del Acta de Acusación de la Procuraduría General de la República, depositada en la Suprema Corte de Justicia revelando los hechos anteriormente descritos, el magistrado Jean Alain Rodríguez se destapa con una aclaración que, lejos de despejar dudas, lo que hace es ensombrecer aún más lo relativo a la contratación y adjudicación del contrato de Punta Catalina. El procurador general, Jean Alain Rodríguez, se retracta ante el país horas después diciéndole que la mención en su escrito acusatorio se refi ere a sobornos a favor de un diputado y un senador para la aprobación del fi nanciamiento de tan importante obra. No sólo el jefe del Ministerio Público se limitó a aclarar lo anterior, sino que, a su vez, asumió una defensa férrea y absoluta del proceso de adjudicación y otorgamiento del contrato de las plantas de Punta Catalina. Cuando leí las declaraciones del magistrado Rodríguez (a quien en lo personal le tengo respeto y afecto), entendí que produjo las mismas bajo presión del Palacio Nacional, sin percatarse de que al ponerlo a asumir una defensa a ultranza del proceso de adjudicación de las plantas de Punta Catalina, lo situaban más como un defensor del gobierno y de Odebrecht que como un Procurador General de la República, que tiene el mandato constitucional de investigar, profundizar y localizar a los responsables de crímenes y delitos contra el Estado dominicano. ¿Cómo es posible que en un proceso criminal que recién empieza el Procurador General asuma una defensa pública de la obra más grande que la firma Odebrecht ha hecho en el país, confesando al mismo tiempo haber pagado sobornos durante 16 años a funcionarios públicos? ¿Por qué el Procurador se retracta públicamente de lo que firmó horas antes en la instancia ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Puede sostenerse razonablemente que los mayores sobornos de Odebrecht en el país, conforme a su documento acusatorio se hicieran del 2013 al 2015, en beneficio de un senador y un diputado? ¿US$50,829,918.41 para un senador y un diputado? Eso ni lo cree ni lo creerá absolutamente nadie en la República Dominicana.
Pero, más aún, si acogiéramos por un momento la descabellada tesis de retractación del Ministerio Público, ¿no es un hecho igualmente grave que Odebrecht haya sobornado el Congreso para las plantas de Punta Catalina? ¿No vicia ese fraude criminal el proceso del préstamo y del contrato mismo? ¿Cómo mantener a quien ha confesado tan grave hecho trabajando en esa obra como si nada hubiera pasado? ¿Cómo procesar legisladores por ese hecho y permitirle al mismo tiempo a Odebrecht, no sólo estar fuera del proceso penal, sino seguir sacando los beneficios y frutos de sus sobornos millonarios a funcionarios y/o legisladores? La mayor inmoralidad pública, el mayor acto de corrupción que se puede cometer contra nuestra nación, la mayor vergüenza mundial es que Odebrecht pueda seguir operando en la República Dominicana como contratista del Estado, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones y sus reglamentos, nadando en un río de dinero público que el Estado le está pagando por las plantas de Punta Catalina, el proyecto por el cual compró conciencias y voluntades de funcionarios y/o legisladores. “El fraude lo corrompe todo”, dice una máxima jurídica, y si Odebrecht sobornó por Punta Catalina, no importa dónde lo haya hecho, no puede seguir siendo el beneficiario directo de su acción criminal con el concurso y la complacencia del gobierno dominicano y del Procurador General de la República. La expulsión de Odebrecht del país y la cuantifi cación de la sobrevaluación de todas las obras construidas por ella, incluyendo Punta Catalina, tiene que ser un norte fundamental de la lucha del país al margen de los sometimientos penales que se tengan que hacer en este sonado caso.

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