República Digital - Indotel Anuncio

18 de mayo del 2021

Opinión

Fragilidad institucional

Se supone que el Estado está formado por tres poderes, independiente uno del otro: Ejecutivo, Justicia y Congreso. Ninguno está subordinado al otro. Pero en nuestro país el Ejecutivo se impone sobre los otros, es lo que se llama un sistema presidencialista que anula a los demás, que es precisamente lo que desea eliminar el […]




Se supone que el Estado está formado por tres poderes, independiente uno del otro: Ejecutivo, Justicia y Congreso. Ninguno está subordinado al otro. Pero en nuestro país el Ejecutivo se impone sobre los otros, es lo que se llama un sistema presidencialista que anula a los demás, que es precisamente lo que desea eliminar el presidente Luis Abinader para fortalecer el sistema democrático, logrando que las instituciones funcionen.
El presidencialismo, dice Rodrigo Borjas en su famosa enciclopedia política, “es el conjunto de fundamentos y características del régimen presidencial, en que el presidente es, al propio tiempo, el jefe del Estado y el jefe del gobierno y reúne, por tanto, los poderes representativos inherentes a su primera calidad con los poderes políticos y administrativos de la segunda”.
Si queremos fortalecer la democracia en sentido pleno y riguroso, es necesario terminar con el presidencialismo. Cada poder tiene que jugar el rol señalado por la Constitución. El presidente de la República no puede ser “ley, batuta y constitución”, como en la dictadura. Eso ya no es posible, por lo menos en un régimen auténticamente democrático.
El presidente designa los jueces, fiscales y determina el presupuesto del sistema judicial. Es dueño del Consejo Nacional de la Magistratura, quitándole su independencia, y por lo tanto su poder. Habría que modificar la Constitución actual para darle al poder judicial su independencia plena. No basta con designar un Procurador o procuradora “independiente”, cosa que no existe. La independencia la da la ley, no una persona.
Igualmente el Congreso está sujeto a las decisiones del Ejecutivo, cuando lo controla el partido de gobierno. No hay contrapeso en ese escenario
No obstante las facultades del jefe del Estado están consignadas en la Constitución, al igual que las de la Justicia y el Congreso. El mandatario no tiene que inmiscuirse en los asuntos de la justicia, ni del Congreso. Sin embargo no ocurre así. Lamentablemente para la democracia que tan cara nos sale.
No es el presidente quien nombra los miembros de la Cámara de Cuentas ni de la Junta Central Electoral, es el Senado. El mandatario no tiene (o no debe tener) “vela en ese entierro”, como dice la gente del pueblo. El artículo 180 de nuestra Carta Magna dice, en lo relativo a las funciones del Senado: “elegir a los miembros de la cámara de cuentas de la ternas presentadas por la cámara de diputados, con el voto de las dos tercera parte de los senadores presentes”.
“Elegir a los miembros a la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos tercera partes de los presentes”. Como puede leerse, el presidente no interviene en esos asuntos, son atribuciones exclusivas de los senadores.

Juan Taveras Hernández

Noticias destacadas