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18 de mayo del 2021

Opinión

Hacia la transparencia

Se ha celebrado y aplaudido que los precandidatos presidenciales que competirán en las primarias del seis de octubre hayan tenido que transparentar, atendiendo a un mandato de la Ley de Partidos, sus ingresos y gastos, pues se trata de un paso de avance en el propósito de cambiar el comportamiento de los partidos y la […]




Se ha celebrado y aplaudido que los precandidatos presidenciales que competirán en las primarias del seis de octubre hayan tenido que transparentar, atendiendo a un mandato de la Ley de Partidos, sus ingresos y gastos, pues se trata de un paso de avance en el propósito de cambiar el comportamiento de los partidos y la opacidad conque manejan sus recursos, incluidos, por supuesto, los que provienen de las arcas públicas. Falta, sin embargo, un paso muy importante que esos precandidatos, aun los que se retiren, deben cumplir cuando concluya el proceso: revelar el origen del dinero que han recaudado para financiar sus campañas proselitistas. Mientras tanto, según lo que reveló el presidente de la JCE, una unidad especializada de fiscalización se encargará de auditar el primer informe que presentaron los aspirantes presidenciales, que ojalá no hayan caído en la tentación de maquillar o falsear sus numeritos porque serán cogidos con las manos en la masa. Y es que las viejas mañas, las de toda la vida, cuesta trabajo abandonarlas, por lo cual es legítimo preguntarse si los aspirantes realmente revelarán los nombres de sus donantes para que podamos comprobar (la información debe estar disponible en una plataforma digital una vez los partidos rindan su informe final) que no se trata de dinero ilícito, por ejemplo. Aunque vale decir que narcotraficantes, lavadores y políticos corruptos no son los únicos que quisieran que las cosas sigan como antes para que no se sepa en cuáles candidatos invierten mas y cuánto, o cuáles perdieron su valor de cotización en la bolsa empresarial. ¿Qué pasaría si partidos y candidatos no cumplen con esa parte de la ley? ¿Cuáles serían las consecuencias? La autoridad de la JCE será directamente proporcional a su capacidad de obligarlos a cumplir y respetar, sin concesiones ni mediatizaciones, las leyes de Partidos y de Régimen Electoral. Pero eso ya lo sabía el doctor Julio César Castaños Guzmán.

Por: Claudio Acosta.

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