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14 de abril del 2021

Política

Haití cierra el 2018 con más dudas que certezas

Por Anelí Ruiz García. Puerto Príncipe (PL) Cambios profundos en el Gobierno, repunte de la lucha anticorrupción, falta de estabilidad política y una economía en picada marcaron este año el destino de millones de haitianos que esperan el 2019 con muchas dudas y pocas esperanzas.   El 2018 abrió con la 29 sesión de la […]




Por Anelí Ruiz García. Puerto Príncipe (PL) Cambios profundos en el Gobierno, repunte de la lucha anticorrupción, falta de estabilidad política y una economía en picada marcaron este año el destino de millones de haitianos que esperan el 2019 con muchas dudas y pocas esperanzas.
 
El 2018 abrió con la 29 sesión de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), que durante 27 y 28 de febrero debatieron sobre la construcción de una comunidad más resiliente al clima después de la devastadora temporada de huracanes de 2017, la cual segó la vida de más de tres mil personas y causó pérdidas estimadas en la región de más de 282 mil millones de dólares. Por segunda ocasión, tras su integración en 2002, Haití estuvo al frente del organismo para guiar la discusión sobre la seguridad regional, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la transparencia fiscal y el turismo, entre otros temas. Unos 15 jefes de Estado y representantes de países asociados analizaron además la formulación de estrategias que permitan enfrentar la violencia y el crimen organizado, así como el mercado común, que facilitaría la libre circulación de bienes, mano de obra y personas en toda la región. En este aspecto el resultado más significativo para Haití es el derecho a la libre circulación de sus ciudadanos entre los Estados miembros de Caricom, aunque deben poseer recursos financieros suficientes para solventarse a sí mismos, de conformidad con el Tratado de Chaguaramas. También este año la nación dio pasos para su inserción en el mercado común, un mecanismo regional que ofrece mejores oportunidades a fin de producir y vender bienes y servicios, así como atraer inversiones, al tiempo que genera mayor competitividad, pleno empleo y superiores niveles de vida para las personas de la región. Pero en política exterior, uno de los puntos más álgidos del presidente Jovenel Moise este año resultó el desencuentro con la exrepresentante de la Misión de Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia (Minjusth) en Haití, Susan Page, tras sus declaraciones consideradas por el Gobierno como injerencia política. Page publicó en un comunicado su apoyo y satisfacción con el nombramiento de jueces para investigar las denuncias presentadas desde principios de año en el caso Petrocaribe, una opinión que según el Gobierno 'no tenía cabida en ese contexto'. 'Una organización internacional no puede pensar en venir a Haití y hacer declaraciones partidistas porque este tema es muy político', dijo el ex primer ministro, Jack Guy Lafontant. El excanciller Antonio Guterre también tomó cartas en el asunto, señaló que la declaración del Minjusth iba más allá del alcance de su mandato 'y refleja una actitud partidista que va en detrimento de la estabilidad política e institucional que tanto se ha ganado en los últimos años'. Moise retiró temporalmente su embajador ante la ONU y no asistió a la conferencia sobre el cólera, en la cual era orador principal junto a su secretario general Antonio Guterre, y que pretendía destacar los logros del país en la disminución de la enfermedad que causó la muerte a unas 10 mil personas. Susan Page regresó a Naciones Unidas, y aunque nunca se esclareció si la causa la habían generado los sucesos, unos meses después llegaría a Haití Helen la Lime, para posicionarse al frente de la Minjusth. La actitud del Gobierno y la decisión a finales de 2017 de cesar los permisos de operación a unas 300 organizaciones no gubernamentales, le valieron a la administración formada por dos integrantes con inexperiencia en el campo político, un distanciamiento de la comunidad internacional. CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS EN EL GOBIERNO En abril pasado, el ex primer ministro Lafontant realizó un sorpresivo cambio en el Gobierno, tras meses de reclamos parlamentarios y de organizaciones sociales. Lafontant, un médico con poca experiencia política y al borde de una interpelación en el Parlamento, sustituyó a cinco de los 18 ministros acusados de mala gestión y presuntamente implicados en casos de corrupción. Pero los canjes no apaciguaron las aguas, y diputados del bloque opositor exigieron una investigación contra el jefe de Gobierno. Al decir de los parlamentarios, los nuevos ministros debían ser consultados antes por el Senado e indagar si cumplían con todos los requisitos, según dicta la Constitución de 1987, un paso que fue obviado por el Ejecutivo. La polémica continúo hasta julio cuando un anuncio gubernamental sobre el aumento de los precios del combustible precipitó la renuncia de Lafontant y sumió a Haití en una de sus mayores crisis sociopolíticas de los últimos años. El estallido social del 6 y 7 de julio puso de frente al Gobierno con el hastío de millones de habitantes que con la medida verían encogerse aún más, si eso es posible, su economía hogareña, en un país donde más del 80 por ciento de la población, según cifras oficiales, vive con menos de dos dólares diarios. Casi dos meses después de la dimisión de Lafontant en medio de la interpelación en el Parlamento, el jefe de Estado Moise nombró al notario y excandidato presidencial Jean Henry Céant como primer ministro, quien se presentó como una opción unificadora y capaz de dialogar con diversos sectores del país. Céant mantuvo en el nuevo Gobierno a seis titulares de la anterior administración, lo que le valió numerosas críticas, pues según los detractores significaba validar a un gobierno que, en 17 meses, llevó a la población a enfrentarse masivamente a la dirección del país. Como parte de su declaración política, prometió desarrollar programas dirigidos a reducir la pobreza extrema y el costo de vida de la población, así como estimular laboralmente a los jóvenes. Para la salud tiene planes de respetar los compromisos asumidos en 2015 con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover el acceso de todos los ciudadanos a la atención médica, así como incrementar la disponibilidad del servicio y reformar los centros sanitarios. PROTESTAS ANTICORRUPCIÓN Pero la gran lucha que libró en 2018 el pueblo de Haití fue contra la corrupción y para exigir que los responsables del desfalco de los fondos del programa energético venezolano Petrocaribe sean llevados ante la justicia. Desde mediados de año las movilizaciones anticorrupción tomaron fuerza y multiplicaron seguidores para reclamar cuentas al Gobierno sobre los más de dos mil millones de dólares malversados del fondo Petrocaribe, que debían emplearse en atender las graves problemáticas de la nación en materia alimentaria, habitacional, energética, ecológica, sanitaria, educativa y de infraestructura. Una investigación del Senado indexó a dos ex jefes de Gobierno, dos exministros y otros miembros de un comité del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, así como directivos de empresas constructoras. El Gobierno, que desde inicios de año había evitado tomar medidas concretas respecto al archivo, prometió en octubre pasado abrir una investigación, y de hecho retiró de la administración a varios funcionarios relacionados con el caso. Tras la movilización de noviembre, seguida de un paro general de cuatro días, Moise reiteró su disposición al consenso y recientemente anunció que el Estado haitiano presentará una denuncia formal ante los tribunales contra todos aquellos implicados en el despilfarro de los fondos del programa energético Petrocaribe, lo que no constituirá un impedimento para que el Tribunal de Cuentas y los Conflictos Administrativos lleven a cabo su investigación. Tanto para el Gobierno como la población el 2019 presenta serios desafíos en lo económico, político y social, aún más cuando la brecha entre los que más y menos tienen se amplía. En el terreno político la actual administración deberá lidiar con el juicio de Petrocaribe, que pondrá de relieve los intereses de sectores poderosos, al tiempo que lucha por sacar a flote una economía en picada, asfixiada por la falta de inversiones directas, en una nación que además se encuentra en la ruta de eventos meteorológicos extremos como huracanes y terremotos. Y en lo social el Estado debe enfrentarse a disminuir el umbral de la pobreza, donde vive hoy más de 80 por ciento de la población, mientras una cuarta parte no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas. La educación, la salud y la generación de empleo son también temas pendientes para Haití y uno de los principales reclamos de sus empobrecidos habitantes.

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