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12 de abril del 2021

Política

La izquierda y los fondos de pensiones

Por Eduardo Jorge Prats. Es célebre la frase del olvidado, silenciado y nunca bien valorado intelectual dominicano Juan Isidro Jimenes Grullón, quien hablaba de “nuestra falsa izquierda”, para referirse a las coincidencias de ésta con la derecha en un país que, como la República Dominicana, como bien revelan los estudios demoscópicos, tiene una cultura política […]




Por Eduardo Jorge Prats. Es célebre la frase del olvidado, silenciado y nunca bien valorado intelectual dominicano Juan Isidro Jimenes Grullón, quien hablaba de “nuestra falsa izquierda”, para referirse a las coincidencias de ésta con la derecha en un país que, como la República Dominicana, como bien revelan los estudios demoscópicos, tiene una cultura política tan conservadora y autoritaria que hay quien ha dicho que más que Estado de Derecho lo que tenemos es un verdadero “Estado de Derecha”. La falsedad de esta izquierda, unida con cierta derecha -ahora con la amalgama que provee el pegajoso populismo que es, como Cachafú, manco, pues no es de izquierda ni de derecha, sino más bien populachero-, queda manifiesta en la discusión y aprobación del proyecto de ley que ordena el retiro anticipado del 30% de las pensiones. La aprobación de este proyecto que, según los mejores y más reputados economistas, dispararía la inflación y quebraría la estabilidad macroeconómica ya azotada por los efectos del covid, sólo ha sido posible gracias al estado de ánimo prevalente en la nación. Como bien resalta Rosario Espinal en su columna de esta semana, según Gallup, prácticamente la mitad de la población, el 66% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 63% de los simpatizantes del nuevo partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, considera que en el país “se necesita un cambio radical, tal vez hasta revolucionario” (“¡Ay, la revolución!”, Hoy, 29/7/2020).
Pero… ¿es realmente progresista y de izquierda el dichoso anticipo del 30% de las pensiones? En realidad, como señala Daniel Mansuy (“La gran paradoja”, El Mercurio, 26/7/2020), si observamos detenidamente los argumentos de los defensores del retiro, tanto en El Salvador como en Perú, Chile y la República Dominicana, veremos que éstos han asumido una concepción decimonónica de la propiedad, como un derecho absoluto, que no admite restricciones. El ahorro forzoso para las pensiones se ve entonces como un atentado contra este absoluto derecho de propiedad de los trabajadores, al extremo de que ni siquiera el retiro del 30% estaría sujeto a impuestos. Sin parar mientes que, bajo esta lógica, los empresarios que aportaron para las pensiones podrían exigir la devolución de sus aportes y alegar que sus fondos fueron aportados condicionados al pago de una pensión y no a un retiro anticipado, la supuesta izquierda que apoya el proyecto pasa por alto, además, que quien aboga por un concepto absolutista y libertario de la propiedad y contrario a los impuestos, luego no puede pretender defender la función social de la propiedad y luchar por una mayor dosis de solidaridad en los pilares de un sistema de seguridad social y de pensiones que debe reformarse integralmente para lograr pensiones dignas y universalidad del acceso a las mismas y al conjunto de prestaciones de la seguridad social. Con razón, la mayoría de los líderes sindicales dominicanos se oponen a este proyecto que hace recaer el peso de la crisis sobre los trabajadores -que recibirán pensiones aún más bajas- en lugar del Estado y de los que más tienen. No vaya a pensarse que solo esa falsa izquierda apoya el desaguisado del 30% de las pensiones. Aquí hay algunos empresarios que no quieren que se aumenten las cotizaciones al sistema de seguridad social a que están obligados en virtud de la ley, que quieren que se elimine la cesantía de los trabajadores, que no quieren tampoco que se sustituya la cesantía por un seguro de desempleo y que, en general, se oponen a la reforma integral del sistema y apuestan más bien a su destrucción y desaparición.
A esos empresarios que apuestan al populismo solo hay que recordarles el costo para Venezuela de lo que Carlos Raúl Hernández ha denominado la “traición de las elites”: “Chávez halagado por instituciones que debían meterlo en cintura, triunfa ante partidos derruidos y recibe adulancia reptil de empresarios, gerentes de medios, intelectuales, políticos hasta que los pateó y devolvió a sus ratoneras” (El Universal, 24/05/2020). Esta traición es mayor porque aprobar esta locura de ley antes de la inminente toma de posesión del presidente electo Luis Abinader y de un nuevo Congreso con mayor y más reciente legitimación democrática que el que termina el próximo 16 de agosto equivale a un verdadero golpe de estado macroeconómico y político contra el nuevo presidente y las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas. ¡Que Dios y la Virgen de la Altagracia iluminen a nuestros legisladores y eviten este desastre humano, económico, político y social!

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