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19 de abril del 2021

Opinión

La JCE y el retorno a la confianza

Manolo Pichardo. mapich@gmail.com  Luego de una Junta Central Electoral en­tregada al pa­sado gobier­no sin guardar las formas, que actuaba como bra­zo ejecutor de las estrate­gias electorales de la fac­ción político partidaria que controlaba la adminis­tración del Estado a suerte de los artilugios antidemo­cráticos de que pudo echar manos, el país entendió que la que le […]




Manolo Pichardo.
mapich@gmail.com
 Luego de una Junta Central Electoral en­tregada al pa­sado gobier­no sin guardar las formas, que actuaba como bra­zo ejecutor de las estrate­gias electorales de la fac­ción político partidaria que controlaba la adminis­tración del Estado a suerte de los artilugios antidemo­cráticos de que pudo echar manos, el país entendió que la que le sustituiría, cualquiera que fuese, sería mejor que la anterior, en razón de que el descaro, con ribetes de vulgaridad, alcanzó niveles tan repug­nantes, que la sociedad no toleraría algo ni remo­tamente parecido a aquel vergonzoso equipo que atropelló la institucionali­dad democrática del país. Y, en efecto, prestan­tes figuras de la sociedad y el derecho comenzaron a emerger como posibles in­tegrantes de la entidad, en un proceso de selección que generó muchas expectati­vas en la población, ávida por el adecentamiento del tribunal comicial. El resul­tado final no pudo ser me­jor, de acuerdo a la mayo­ría de los partidos políticos y entidades que se autodefi­nen como sociedad civil: un presidente percibido como íntegro, y unos colegas teni­dos como honestos que ac­tuarían siempre apegados al derecho. Los nuevos jueces, a po­cos días de asumir como titulares, debieron abor­dar, como primera tarea, la cuestión relativa al or­den de los partidos en la boleta electoral y el finan­ciamiento a éstos partien­do de un criterio que de­bían definir en tanto que no existe ningún método establecido para hacerlo, aunque la anterior Jun­ta elaboró un reglamento en el que se orientó a to­mar los diferentes nive­les de acuerdo a la vota­ción del último certamen. Así lo hicieron. Solo que la decisión debió estar ape­gada a ciertos criterios como el principio de favo­rabilidad a que hace refe­rencia la Constitución de la República; y también a los de racionalidad y equi­dad, como valores esencia­les, por demás universales, en sistemas de justicia que respondan a anclajes ver­daderamente democráti­cos. Si bien es cierto que de­bieron tomarse en cuenta los diferentes niveles como había quedado ya estableci­do, la metodología o cálcu­lo no respondió a criterios lógicos, ni de favorabili­dad ni de equidad, ya que, por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo alcanzó en el ni­vel presidencial más del 5 por ciento que establece la ley para que una organiza­ción sea considerada mayo­ritaria y acceda a los fondos públicos por esa condición, y en los niveles de senador y diputados tuvo un desem­peño por debajo de ese por­centaje, es completamente absurdo sumar los tres para luego sacar una media cuan­do en uno de los niveles hubo una voluntad expresada por el elector, cuestión que resul­ta válida para el PRD que al­canzó más del 5 por ciento en el nivel de diputados. Además, ¿ cómo sacar una media de una sumato­ria en la que un votante su­fragó por partidos distintos en cada uno de los niveles de elección? Esto es com­pletamente irracional, pues la fórmula de sumar los tres niveles alcanzó 12 millones de electores; 2 millones más que nuestra población y 5 millones más que el padrón electoral.

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