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12 de abril del 2021

Opinión

La ley es la ley, sin chantajes ni favores

Ruddy L. González. Durante años, el negocio de las telecomunicaciones, en auge en todo el mundo por el desarrollo del internet, los celulares y la televisión por cable, ha conformado uno de los renglones principales en el crecimiento de la economía dominicana y de las inversiones más apetecidas del mercado. Codetel abrió el negocio telefónico […]




Ruddy L. González.
Durante años, el negocio de las telecomunicaciones, en auge en todo el mundo por el desarrollo del internet, los celulares y la televisión por cable, ha conformado uno de los renglones principales en el crecimiento de la economía dominicana y de las inversiones más apetecidas del mercado. Codetel abrió el negocio telefónico en el país (1930) con alianzas estratégicas --GTE, Verizon (2000), Claro (2007)-- seguido de Tricom (1988-1992) con capital básicamente local (Grupo Financiero Nacional), Orange en el 2000 (inversión francesa) y Centennial en el 2000 con recursos EEUU y local (All American Cable). Centennial fue comprada por Trilogy International Partners, que lanzó su marca Viva. Orange y Tricom se fusionaron y fueron adquiridas por Altice. En 1981, Telecable Nacional inició el negocio de la televisión por cable, mercado al que llegaron luego Tricom y Codetel-Claro abriendo un nicho al que se unió Aster, del Grupo Intercontinental,  incautada por el Banco Central en el 2003 a propósito de la crisis del Grupo Baninter. En 2007 entra Wind al mercado. Hoy más de un centenar de ‘cableros’, la gran mayoría ilegales, operan en el interior del país. Codetel, Tricom y Orange y Centennial compitieron fieramente por años por el mercado de la telefonía, el desarrollo del internet y la televisión por cable con millonarias inversiones, publicidad innovadora, precios, ofertas, servicios, tecnología, pero siempre con decencia, respeto a las leyes, transparencia y, sobre todo, las reglas de juego dictadas por Indotel, el ente regulador del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado dominicano. Esta competencia se ha desbordado con la entrada en escena de nuevos actores que han adquirido empresas de televisión por cable y de telefonía, en franco desconocimiento de las reglas de juego, sin que se conozcan fiscalmente la procedencia de las fortunas involucradas en esas operaciones de compra, caracterizadas por escándalos, trapisondas, presiones, agresiones mediáticas, violaciones de grandes ligas a compromisos de pagos, disputas judiciales y hasta campañas de ejecución moral de contrarios. Las cortapisas inducidas en el seno de Indotel que inicialmente torpedearon la fusión Orange-Tricom en el paquete de adquisición de Altice, provocó un escándalo tal que estremeció las entrañas del Gobierno detonando un fuerte remezón en el organismo regulador del espectro radioeléctrico. Luego vino una campaña aviesa y atropellada de alegada venta de Altice en el país. El tema del uso del espectro radioeléctrico del país, propiedad y regenteado por el Estado y cedido en concesión y/o arrendamiento a empresas y/o personas para su explotación, tiene que ser operado dentro de las reglas que establece el ordenamiento legal, en libre competencia, igualdad de condiciones, estricto cumplimiento impositivo, sin favoritismo ni tapaderas. Porque la ley  y el orden es ¡para todos! Tienen que aplicarse sin temor y sin ceder a chantajes ni a facturas que se emitan por favores políticos y/o aunque se le cobren, cual prostituta, al ‘cliente’ de turno.

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