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08 de mayo del 2021

Opinión

La ley y la trampa.-

Ya la dijo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a modo de recordatorio, pero también de advertencia: el delito de la compra de cédulas hay que demostrarlo con pruebas para que pueda ser sancionado. Y al escucharlo, confirmé aquello tan sabido que llegó a convertirse en refrán:  no hay peor diligencia que […]




Ya la dijo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a modo de recordatorio, pero también de advertencia: el delito de la compra de cédulas hay que demostrarlo con pruebas para que pueda ser sancionado. Y al escucharlo, confirmé aquello tan sabido que llegó a convertirse en refrán:  no hay peor diligencia que la que no se hace o no se quiere hacer. A eso agréguele  que a esta hora no se sabe nada de los fiscales electorales; quiénes son, cuántos serán  y    la forma en que se encargarán de perseguir, instruir y formular las acusaciones contra los que sean sorprendidos –se supone que con las pruebas en las manos– cometiendo un delito. Tampoco se le ha explicado a los ciudadanos, ni a los propios partidos, qué es lo que tienen que hacer si son testigos de la compra de cédulas para poder  garantizar la “prueba” o que se le considere como tal, ni a donde hay que comunicarse con los fiscales que los apresarán y someterán a la justicia. Para ponerle la tapa al pomo, las declaraciones del presidente de la JCE, Julio César Castaños, en las que afirma que no es tan fácil demostrar la compra de votos parece confirmar los peores temores:  no obstante las campañas para concienciar a la población y las advertencias  de las iglesias declarándolo un pecado, no podremos evitar que el día de las elecciones las conciencias se vendan y se compren  al mejor postor. Se hará, desde luego, de manera más discreta y solapada, y tal vez por eso, como ha denunciado en varias ocasiones Manuel  Jiménez sin que nadie le ponga atención, se han estado alquilando casas en las cercanías de los centros de votación;  y si eso se está haciendo desde hace tiempo en Santo Domingo Este, puede estar ocurriendo en el resto del país. El problema está en que todo eso habría que probarlo y demostrarlo, pero no  nos dicen de qué manera ni  donde. Definitivamente,  quien hizo la ley hizo la trampa, y de ñapa nombró también los fiscales que la harán cumplir. Por: Claudio Acosta.

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