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20 de abril del 2021

Opinión

La paz laboral

Miguel Guerrero. Entre las muchas tareas que nos traerá el 2021, estará la búsqueda de un aumento del salario mínimo que ya han planteado las principales entidades gremiales. No será nada nuevo, porque esas discusiones son ya parte de la tradición y cada cierto tiempo ponen de relieve las diferencias de criterio entre empleadores y […]




Entre las muchas tareas que nos traerá el 2021, estará la búsqueda de un aumento del salario mínimo que ya han planteado las principales entidades gremiales. No será nada nuevo, porque esas discusiones son ya parte de la tradición y cada cierto tiempo ponen de relieve las diferencias de criterio entre empleadores y sindicatos. Lo que haría diferente esas negociaciones, es el marco en la que se producirían, en medio de una pandemia y los esfuerzos por restablecer la vitalidad económica al nivel en que nos encontrábamos en marzo pasado, cuando el Covid-19 alteró la vida nacional.
En el fragor del diario quehacer, el tema del salario mínimo puede parecer irrelevante. Pero detrás se esconde la permanencia de una paz laboral que el país ha disfrutado por 40 años ininterrumpidos y que en cierta medida ha contribuido a impulsar el crecimiento de la economía y la estabilidad que todavía, a pesar de la crisis sanitaria, se disfruta en el ámbito de los negocios. Ese extendido periodo de tranquilidad siguió a los sangrientos disturbios de abril de 1984 en los que murieron decenas de dominicanos, cuya cifra probablemente nunca se sabrá, ocasionados por el descontento provocado por un programa restrictivo de medidas económicas derivadas de un acuerdo con el FMI. En las pláticas surgidas al año siguiente se sentaron a ambos lados de la mesa los sindicalistas y los dueños de empresas, lo que facilitó el tránsito a un arreglo que sentó las bases de la paz laboral. Muchos empresarios no advierten que esa paz está garantizada por la moderación de la clase sindical. La falta de un acuerdo si las negociaciones llegaran finalmente a tener lugar podría dejar al liderazgo sindical en manos de grupos radicales, renuentes a sentarse a la mesa, para buscar sus objetivos en las calles, con un costo económico mayor al que supondría cualquier aumento del salario mínimo.

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