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16 de abril del 2021

Política

La política y la ética en la República Dominicana

Aura Celeste Fernández R. Ética política Voy a hablar de la ética política en una sociedad democrática específicamente referida a la sociedad dominicana. Por eso no me voy a detener en conceptualizaciones sobre ética, moral, que dan siempre lugar, a interesantes debates filosóficos. Simplemente voy a asumirla ética como la conducta correcta y deseable. Claro, […]




Aura Celeste Fernández R.

Ética política

Voy a hablar de la ética política en una sociedad democrática específicamente referida a la sociedad dominicana. Por eso no me voy a detener en conceptualizaciones sobre ética, moral, que dan siempre lugar, a interesantes debates filosóficos.

Simplemente voy a asumirla ética como la conducta correcta y deseable. Claro, siempre será un campo de tensión determinar en cada momento, en cada sociedad, qué es lo correcto. Pero esa esa discusión también la voy a evitar.

Para que tengamos una perspectiva del referente ético en la evolución histórica dominicana, digamos que desde 1844 a la fecha, es decir, en 174 años, en la República Dominicana, en términos del ejercicio del poder hay  tres paradigmas no discutidos: 1. Juan Pablo Duarte: padre fundador de la República; lideró la Gesta Independentista y fue parte de la primera Junta Gubernativa, luego de la Independencia Nacional; 2. Ulises Francisco Espaillat: que fue presidente luego de la Restauración de la República en el 1876, por 5 meses; 3. Y el profesor Juan Bosch, presidente constitucional en 1963, derrocado 7 meses después, el 25 de septiembre de ese mismo año.

En la evolución histórica dominicana estos tres hombres públicos, y que de manera efímera ejercieron el poder, son reconocidos cada uno en sus circunstancias, como tres referentes éticos.Digamos que es un lugar común en los historiadores, que ellos tres, en su momento, representan modelos éticos, con una conducta moralmente correcta.

Estoy tratando de resaltar de entrada, lo que significa que en 174 años de historia republicana, tan solo tres gobernantes dominicanos hayan sobresalido con un ejercicio del poder éticamente incuestionable. Esto nos da una idea de cuán escasa ha sido esta conducta a lo largo de nuestra experiencia histórica.

Voy a distinguir dos planos de la ética y la política en una sociedad democrática: Por un lado la ética individual del ciudadano, y por otro lado, la conducta ética de un ciudadano que asume funciones públicas, como representante electo o funcionario público designado.

La primera cuestión que pudiera planteársenos en el marco de una ética ciudadana individual, es si es ético que un ciudadano asuma una posición de indiferencia o una posición individualista respecto de los problemas de la sociedad donde vive, y solo se concentre en la búsqueda de su bienestar propio.

Sin dudas, en una sociedad democrática pudiéramos decir que por definición no es moralmente correcto la autoexclusión o el individualismo como conducta ciudadana, toda vez que la Democracia por definición es un régimen político en el cual la ciudadanía es el poder soberano. Siendo así, cada ciudadano es el depositario de una parte alícuota del poder. Entonces, desde el punto de vista ético cada uno tiene una obligación moral de hacer un ejercicio responsable de esa cuota de poder de la que es depositario. Por tanto, no es admisible un ciudadano políticamente indiferente en la  toma de decisiones y políticamente indiferente en ser parte de la solución de los problemas de su sociedad. Claro, corresponderá a cada ciudadano, de acuerdo a su formación y sus creencias, decidir de qué forma y bajo qué encuadramiento ideológico asumirá la responsabilidad de participación y de ejercicio de su cuota de soberanía.Pero el punto que queremos resaltar es que bajo esta premisa, no es éticamente correcto, en una sociedad democrática, un ciudadano indiferente respecto de la toma de decisiones mediante sufragio, referéndum, así como tampoco, no participar e involucrarse en influir en su comunidad y a nivel nacional, para que el gobierno sea mejor.

Por tanto, no es solamente participar en política en lo que respecta a la elección de los gobernantes o en la militancia en los partidos, sino que lo éticamente correcto es que, el ciudadano se involucre en hacer que los representantes de su comunidad o nacionales gobiernen conforme a los valores democráticos y a la ley, en fin, en exigir el buen gobierno.

Lo que estoy diciendo implica asumir que el deber del ciudadano en exigir el buen gobierno está por encima de sus simpatías y lealtades políticas coyunturales. El compromiso del ciudadano con el buen gobierno atañe al bienestar colectivo de la comunidad e insisto, tiene que estar por encima de las simpatías y lealtades políticas individuales.

Este posiblemente sea un punto de quiebre ético para muchas personas, cuando supeditan sus deberes con la colectividad, a las lealtades políticas individuales.

Todo esto nos lleva a evitar una falsa conducta de participación en política en el concepto de que todo lo que hace el adversario está mal y debo atacarlo y todo lo que se hace desde mi encuadramiento y simpatía política está bien y debo justificarlo, y en realidad, la conducta correcta es defender y apoyar toda acción de buen gobierno que sea beneficioso a la comunidad y rechazar todo lo que sea perjudicial, por comisión u omisión, para la comunidad, no importa si proviene de la formación política en la que se milita o de la que se simpatiza.

Por tanto, desde el punto de vista de la ética individual del ciudadano, arribamos a dos cuestiones fundamentales: Primero, éticamente no es correcto asumir una posición de indiferencia política en los momentos en que se requiere de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y frente a las manifestaciones concretas del ejercicio del poder; y segundo: No es correcto poner por encima la lealtad o simpatía partidaria o ideológica o personal, a la lealtad que se debe profesar frente a la búsqueda de lo conveniente para el bien común.

El ejercicio del poder

Pasemos entonces, a otro plano y coloquémonos en la perspectiva de lo éticamente correcto del ejercicio del poder en una función o representación pública. Algunas de las cuestiones que vamos a mencionar, aunque están pensadas desde lo público son también aplicables en el ámbito de las actividades privadas que cumplen una función pública (el caso de un empresario, de un colegio, de una clínica privada).

En una sociedad democrática hay algunos valores que son propios de un desempeño ético en una función pública: La transparencia, la rendición de cuentas, el manejo honesto y la gestión austera de los bienes y recursos públicos, el apego a la legalidad, el fortalecimiento de las instituciones, entre muchas otras.

Si fuéramos a decir en pocas palabras qué es lo éticamente correcto de un servidor público, tendríamos que convenir que lo propio de este, además de su capacidad, integridad, compromiso democrático, es su disposición a servir a los demás, en contraposición a lo que sería utilizar la función pública para servirse de ella en beneficio personal.

En los puntos que siguen vamos a aterrizar en lo relativo a la ética en el ejercicio del poder, a la realidad dominicana.

El orden que vamos a seguir a continuación no responde a una categorización de lo ético, sino que busca facilitar la presente exposición y su comprensión.

El primer nivel que es necesario abordar se refiere al proceso de constitución de los poderes públicos, depositarios del ejercicio del poder, en una sociedad democrática.

Como sabemos en una Democracia los poderes públicos se constituyen por elección que no es más que un proceso al que concurren los ciudadanos y haciendo uso de su parte alícuota de soberanía, eligen a sus representantes.

En este punto relativo a la constitución de los poderes públicos, debo decir que lo que ha caracterizado los procesos electorales dominicanos durante décadas, ha sido el clientelismo, el uso de los recursos del Estado para favorecer candidatos y partidos, la manipulación de los resultados electorales, el robo de votos de manera descarada. Es decir, en la República Dominicana, de entrada, en los poderes públicos hay un mal de origen que de una forma u otra sesga todo el ejercicio del poder.

Este pecado original en el proceso de constitución de los poderes públicos tiene su matriz en los propios partidos que han gobernado, los que en su mayoría, no han tenido reparo ético en utilizar, en muchos casos, no solo dinero de origen proveniente de actividades ilícitas, sino que se han asociado a “inversionistas” de la política que financian partidos y candidaturas para luego obtener grandes beneficios cuando ese partido o candidato llegue al poder, recuperando con creces, lo invertido.

Este esquema corrupto de constitución del poder público lleva a que muchos de los gobernantes y representantes terminen realizando un programa de gobierno diferente a la propuesta de programa de campaña. En realidad lo que hacen es devolver los favores de aquellos que le financiaron la campaña y se produce así, un divorcio entre las ejecutorias públicas en favor de los compromisos contraídos, versus las necesidades de la sociedad.

Todo lo anterior solo puede hacerse cuando los gobernantes tienen altos niveles de discrecionalidad y ausencia de mecanismos efectivos de control, sobre el manejo de los recursos públicos.

Los altos niveles de corrupción en que se desenvuelven nuestros gobernantes hacen que luego de llegar al poder se les haga cada vez más difícil abandonarlo, lo que lleva a un proceso en el cual el gobernante y su claque deban tener cada vez, un mayor control de todos los poderes del Estado como garantía de que, permaneciendo en el poder pueden salvaguardar la impunidad para él y los suyos. Es decir, en nuestro país, el poder político es una especie de monstruo que se alimenta a sí mismo, en base a más poder, más corrupción y más impunidad.

A partir de esas premisas podemos proyectar que en la práctica del poder y la política en la República Dominicana, no hay un real ejercicio de la soberanía ciudadana. De modo general los procesos electorales no siempre son confiables. No hay una propensión hacia el fortalecimiento institucional y al respeto de la legalidad democrática; hay ausencia de reales controles públicos a favor de un exacerbado presidencialismo, hay mucha discrecionalidad principalmente en el uso de los recursos públicos, mucho dispendio, corrupción y privilegios y, además, una amplia impunidad que favorece a los que ejercen funciones públicas y a sus leales.

Como puede verse, el ejercicio de una función pública en el país es como andar por un desfiladero lleno de precipicios, siendo muy escasos los que pueden transitar por él,  sin caer en el abismo de la inconducta ética.

Este desempeño que se ha impuesto en las funciones públicas, tiene como consecuencia, entre otras, que el ciudadano no encuentre los suficientes referentes éticos en el ejercicio del poder público que le permitan, a su vez, fortalecer una conducta ética desde su actuación personal.

Sometidos a esta lógica, parecería que muchos tenemos una excusa para violar la ley, para sobornar o dejarnos sobornar, para hacernos indiferentes, no participar y tan solo concentrarnos en la solución de nuestros problemas individuales. Muchos asumen la política como una actividad sucia y el ejercicio del poder como una actividad corrupta. Esta premisa le sirve de excusa a muchos, para asumir una actitud de ausentismo y de no participación en la política y en funciones públicas.

En realidad, lo éticamente correcto es participar para cambiar la política y no tener reparo en asumir responsabilidades públicas, para transformar el ejercicio del poder.

Parecería que vivimos en una sociedad en proceso de disolución, donde es cada vez más difícil unificar un proyecto de nación, en valores morales y una ética correcta, y que nos empuja a refugiarnos para sobrevivir, en una ética individual muy reducida a nosotros mismos o nuestras familias, porque mucha gente siente, que como sociedad hemos fracasado en compactar una ética social y pública que nos guíe, oriente y proteja a todos y todas.

La pregunta por tanto que tenemos que formularnos es qué nos corresponde hacer para vivir nuestra vida sintiendo que la desarrollamos conforme a una ética correcta en nuestras responsabilidades privadas y públicas.

Frente a esta interrogante no tengo, ni pretendo tener todas las respuestas, más bien, tengo algunas reflexiones:

Considero que lo éticamente correcto es asumir responsabilidades en nuestra vida privada, en el ejercicio de nuestra profesión u oficio, y no hacernos indiferentes a los problemas de la época, de la sociedad y de la humanidad en que nos toca vivir. Por tanto, los problemas de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social, son mis problemas. Los problemas de los ríos y montañas y cordilleras devastadas, pero también, los del cambio climático, son mis problemas. Los problemas de la violencia, de la inseguridad, de los feminicidios y también los de las guerras en el mundo, son mis problemas. Los problemas de la corrupción, la impunidad, el dispendio de los recursos públicos y del enriquecimiento ilícito, son mis problemas. Los problemas de la discriminación de la mujer, de la discriminación por el color de la piel, de los migrantes separados forzosamente de sus familias y de sus hijos enjaulados, son también, mis problemas.

Por tanto lo éticamente correcto es asumir compromisos en mi sociedad y con la humanidad y en ese sentido, no ser indiferente frente a los problemas que afectan al bien común y que dañan la vida en sociedad, en el presente y de cara al futuro. Lo éticamente correcto es que participe en la búsqueda del buen gobierno, en la búsqueda del bien común, en la búsqueda de la paz: en la búsqueda del respeto a la legalidad, en la búsqueda de la equidad social y en la búsqueda de la salvación del planeta.

Lo éticamente correcto es que reaccionemos frente al descalabro de las instituciones que son responsables de sostener la sociedad y la comunidad. Que reaccionemos ante un Congreso que perdió su independencia y no ejerce el control del Poder Ejecutivo, ni legisla para el bien de los ciudadanos; así como frente a un Poder Judicial que dejó de ser árbitro para hacerse parcial del poder de turno.

Lo éticamente correcto es que como ciudadana asuma el compromiso con la defensa de los valores democráticos, con las instituciones propias de la Democracia y que no sea indiferente ni frente al sufrimiento, ni frente a la pobreza, ni frente a la inequidad social, ni frente a la exclusión.

Como ciudadanos lo éticamente correcto es militar de forma proactiva, en la defensa de los valores, de los principios para una mejor sociedad y  una mejor humanidad.

En fin, una militancia ética no es la que se limita a contemplar lo que sucede en el mundo, sino la que nos obliga a que seamos parte de la construcción de la sociedad, de la humanidad y del planeta en que aspiramos vivir y dejar como legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

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