República Digital - Indotel Anuncio

13 de mayo del 2021

Opinión

Los equipos de la JCE

Javier Cabreja. Una comisión de técnicos en el área de informática, procedentes de universidades y varias empresas privadas, presentó al pleno de la JCE sus recomendaciones sobre la factibilidad de utilizar en las elecciones del 2020 la tecnología utilizada en el año 2016. A partir de este informe el órgano electoral decidió no utilizar de […]




Una comisión de técnicos en el área de informática, procedentes de universidades y varias empresas privadas, presentó al pleno de la JCE sus recomendaciones sobre la factibilidad de utilizar en las elecciones del 2020 la tecnología utilizada en el año 2016. A partir de este informe el órgano electoral decidió no utilizar de nuevo las tabletas capta huellas para el registro de electores, ni los escáneres para el escrutinio de votos y la transmisión de resultados. Para que estos equipos puedan servir en las próximas elecciones requerirían de modificaciones y adaptaciones tecnológicas, que harían de este un proyecto muy costoso. En tal sentido, la decisión de la JCE está en la dirección correcta.

Aquel experimento de aplicación irresponsable de tecnología electoral en las pasadas elecciones tuvo un costo muy alto. En primer lugar uno de carácter financiero, pues el costo total del contrato fue de US$39.7 millones, de los cuales aún se deben US$13.9 millones. A principios de diciembre, la Cámara de Cuentas dio un plazo no mayor de 90 días para que la JCE cumpla con el pago de la deuda pendiente con la empresa INDRA soluciones. Todavía hoy el órgano electoral tiene que pagar los costos mensuales de almacenamiento de unos equipos que no sirvieron en el pasado, ni lo harán en el futuro.

Debe recordarse que los diversos informes de las misiones de observación electoral, nacional e internacional, indicaron que los equipos adquiridos por la JCE fallaron en su propósito de hacer más eficiente y transparente el proceso electoral. Por tal razón, ese dislate tecnológico electoral tuvo también implicaciones institucionales, pues erosionó la credibilidad de las pasadas elecciones y puso en riesgo la estabilidad democrática del país. La pregunta sin respuesta es en quién recae la responsabilidad de esos graves fallos. La empresa contratada alega haber cumplido con los términos del contrato y se desentiende de la falta de funcionamiento de los equipos utilizados en los pasados comicios.

Cabe entonces pedir cuenta a las pasadas autoridades del órgano electoral. Esta es una situación que no puede quedar en el olvido. Lo acontecido en el 2016 debe servir también para tener mucho cuidado a la hora de aplicar nueva tecnología en el proceso electoral. Unas elecciones complejas como las dominicanas, esencialmente por el voto preferencial, requieren de la automatización de parte del proceso. Sin embargo, esto tiene que hacerse sobre la base de un amplio consenso con los actores políticos y con suficiente tiempo de antelación. La aplicación de tecnología tiene que ser gradual y con pruebas suficientes que permitan corregir los fallos.

Noticias destacadas