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17 de abril del 2021

Opinión

¡Masacres americanas!

Oscar Medina. La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada en 1791 y de ella deriva el derecho de los estadounidenses a poseer armas de fuego. Aprobada dentro de lo que se conoce como “La Carta de Derechos”, nació en un contexto histórico muy particular: sus promotores  sostenían que con una […]




Oscar Medina.
La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada en 1791 y de ella deriva el derecho de los estadounidenses a poseer armas de fuego. Aprobada dentro de lo que se conoce como “La Carta de Derechos”, nació en un contexto histórico muy particular: sus promotores  sostenían que con una población armada, la joven nación podía protegerse mejor ante una posible invasión del Imperio Inglés en procura de reconquistar sus colonias perdidas. Además -sostenía el mismo argumento- podría blindarse ante una posible deriva tiránica de un naciente gobierno federal que no generaba el apoyo unánime en los liderazgos de las 13 Colonias en que se dividía la gran nación del Norte, así como evitar o sofocar cualquier intento de subversión o rebelión por parte de los esclavos. Aunque ninguna de esas condiciones prevalece 226 años después, continúa siendo imposible establecer regulaciones sensatas para el control de armas a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de ese país ha reiterado decenas de veces que el derecho consagrado en la Segunda Enmienda no es ilimitado en tanto nada impide que desde el Estado se establezcan regulaciones y restricciones a esa prerrogativa. El tema ha vuelto a debate tras la masacre ocurrida en un pequeño suburbio rural a las afueras de San Antonio, en el estado de Texas, donde un hombre disparó a mansalva hacia una iglesia bautista en medio del servicio religioso del pasado domingo, matando a 26 personas e hiriendo a otras 20, para posteriormente quitarse la vida luego de que fuera perseguido por dos vecinos de la comunidad que lo enfrentaron valerosamente. El monstruo que perpetró la matanza fue identificado como Devin Patrick Kelley, que en el año 2014 había sido expulsado de la Fuerza Aérea donde realizaba trabajos logísticos en una base militar en Nuevo México y nunca estuvo desplegado en el frente de guerra. La razón de su expulsión de la milicia fue por agredir a su esposa y a un hijo de ambos. Dos años antes había escapado de una institución mental y sus allegados le conocían como un hombre altamente agresivo y emocionalmente inestable. Sin embargo, y a pesar de este prontuario, Kelley tuvo acceso a comprar armas automáticas. Sólo tuvo que mentir en un formulario de depuración que evidentemente no depura nada porque las informaciones suministradas no son contrastadas con otras agencias federales o estatales, lo que permitió que ese sicópata pudiera adquirir un fusil militar AR-15 con el que perpetró la matanza. En cualquier sociedad mínimamente civilizada un hecho tan horripilante estremecería la conciencia colectiva y su clase política se pondría a trabajar a efectos inmediatos para establecer controles más estrictos en la posesión de armas de fuegoÖ Pero eso no sucederá en Estados Unidos. De hecho, quienes defienden el uso de armas dicen que lo que impidió una matanza mayor fue que otro civil igualmente armado detuvo al atacante, lo que demuestra que la posesión de armas en manos de civiles ofrece mayor nivel de seguridad a la población. Porque la posesión de armas se encuentra en la médula cultural del ciudadano común estadounidense, que se opone en mayoría absoluta a revocar la Segunda Enmienda. Pero también hay una mayoría importante que exige la implementación de leyes sensatas y razonables que permitan depurar adecuadamente a los adquirientes de armas, limitar el tipo de armas, de municiones y de accesorios que los “ciudadanos de a pie” puedan comprar y establecer algunas restriccionesÖ No es posible que para un niño de 14 años sea imposible comprar una lata de cerveza y, sin embargo, pueda adquirir una escopeta legalmente en la tienda del barrio. Pero a pesar de lo razonable de esta exigencia, tampoco va a prosperar. El lobby de las armas -donde resalta la Asociación Nacional del Rifle- invierte miles de millones de dólares sustentando campañas de políticos a todos los niveles, y por tanto las lealtades de cientos congresistas estatales y federales se encuentran del lado de una industria armamentista que, sólo en el segmento de armas y municiones para la venta en Estados Unidos, factura casi 20 mil millones de dólares al año.
Por eso, nada cambiará. A pesar de esta tragedia estremecedora donde fueron asesinadas 26 personas, entre ellas varios niños y hasta un bebé de apenas 18 meses de nacido, en una comunidad rural de apenas 600 habitantes. Como tampoco sucedió nada cuando hace unas semanas un demente se apertrechó con un arsenal en la habitación de un hotel en Las Vegas y desde allí disparó a una multitud que disfrutaba de un festival musical matando a 54 ciudadanos indefensos. Ni cuando a finales del 2012 un joven trastornado de apenas 20 años atacó la escuela primaria en Newtown, Connecticut, matando a 20 niños y 6 adultos, entre ellos a su propia madre. Luego de cada matanza siempre sucede lo mismo. Los estadounidenses se consternan, y los defensores de las armas dicen que, por tanto, ese “no es momento para hablar del tema”. ¿Cuál será, entonces, “el momento” para abordar un tema que produce 30 mil muertes al año en los Estados Unidos y que debería avergonzar a cualquier sociedad avanzada del mundo?

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