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18 de mayo del 2021

Opinión

Mendigar pensiones

Por: Danilo Cruz Pichardo. (danilocruzpichardo@gmail.com).- El Gobierno dominicano emitió recientemente un decreto mediante el cual se le otorga jubilación, por un monto de 40 mil pesos mensuales, a un grupo de comunicadores. El favor gubernamental responde a un pedido del Colegio Dominicano de Periodistas. Hay que saludar la actitud del presidente Abinader, así como de los […]




Por: Danilo Cruz Pichardo.

(danilocruzpichardo@gmail.com).-

El Gobierno dominicano emitió recientemente un decreto mediante el cual se le otorga jubilación, por un monto de 40 mil pesos mensuales, a un grupo de comunicadores. El favor gubernamental responde a un pedido del Colegio Dominicano de Periodistas.

Hay que saludar la actitud del presidente Abinader, así como de los directivos del CDP. La entidad que agrupa a los informadores públicos suele gestionar esa pensión todos los años (para el 5 de abril, Día del Periodista), pero durante la gestión de Adriano de la Cruz no fue posible alcanzarla, supuestamente porque el Gobierno de Danilo Medina le atribuía vínculos con Leonel Fernández al profesor y comunicador.

Ese dato no pudo confirmarse, pero de ser así se trata de una conducta pobre y mezquina de un Gobierno que, entre otras tantas cosas, dilapidó miles de millones de pesos del erario.

En esta ocasión se logró la ayuda, pero es un error del CDP el estar cada año mendigando jubilaciones. No hay que pedir favores a este ni a ningún Gobierno.

Lo que se impone es la aprobación de una nueva ley (la Ley 10-91 es obsoleta) que obligue al Estado dominicano a conceder jubilación a comunicadores que han alcanzado los 60 años y tienen 25 o más de ejercicio profesional. Es lo que se estila con los maestros y con los médicos, para solo citar dos ejemplos.

Buscar ayuda a comunicadores bajo el alegato de pasar hambre y carecer de los medicamentos para patologías propias del paso de los años es caer en la mendicidad. Es urgente una ley que garantice seguridad social, que dignifique al comunicador.

Y esa ley tiene que establecer diferencias entre el periodista profesional y los intrusos que, valiéndose del derecho a expresión consagrado en la Constitución, usurpan el oficio y ocasionan daño en términos económico y ético.

Otro aspecto que debe acabarse de una vez y para siempre es la inestabilidad de los comunicadores que laboran en el Gobierno, que se exponen al despido cada cuatro años. A los médicos ni a los maestros se pueden cancelar, ¿por qué botar a los periodistas?

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