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12 de mayo del 2021

Opinión

Mi rosario

Anibelca Rosario. Cuando pecado y delito no son sinónimos. En la cancha de los congresistas del país está nueva vez, tras 16 años de discusión y huidas, la pelota del Código Penal Dominicano, luego de que el Presidente de la República atendiera el llamado de diversas entidades sociales sobre la necesidad de no penalizar a […]




Anibelca Rosario.

Cuando pecado y delito no son sinónimos.

En la cancha de los congresistas del país está nueva vez, tras 16 años de discusión y huidas, la pelota del Código Penal Dominicano, luego de que el Presidente de la República atendiera el llamado de diversas entidades sociales sobre la necesidad de no penalizar a la mujer y al profesional de la medicina involucrados en la interrupción del embarazo por razones extremas, como son la violación sexual, la inviabilidad del feto y el alto riesgo de muerte de la madre.

“La redacción del artículo 107 de la ley no satisface las exigencias que se derivan del Principio de la Legalidad, uno de los elementos de la cláusula constitucional del Estado de Derecho y que se  pone en juego los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas, como el derecho a la vida y a la salud, el respeto a la dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, los cuales constituirían en auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal” explica Danilo Medina en la carta remitida al Presidente del Senado.

La observación recae de forma exclusiva sobre los artículos del 107 y  108 que conforman la Sección III del Capítulo I, Título II de la ley, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.

A la luz de estos razonamientos, y como era de esperase, las iglesias, en especial la católica, han levando la voz y no descansan su movilización y cabildeos para  que el cuerpo legislativo del país, no acoja las sugerencias hechas.

El respeto a la vida desde la concepción hasta muerte natural,  es la bandera de quienes pretenden que la mujer, sobre todo la más empobrecida, siga cargando la cruz de un embarazo que pone en riesgo su vida o es la consecuencia de un acto salvaje.

La realidad es que el pecado no es delito y el Estado, administrado por el gobierno,  no puede seguir jugando a la confusión, y aplicando normas macondianas que los alejan de la dignidad, del respeto y la libertad, un ejemplo es que el Estado divorcia a una pareja que decide no seguir conviviendo, mientras la Iglesia católica entiende  que la unión hombre-mujer es hasta la muerte.

Es inaplazable aplicar políticas públicas para prevenir el abuso, la violencia  intrafamiliar y proteger a la mujer. Necesitamos más educación sexual en las escuelas para desterrar los embarazos en adolescentes y no deseados.

República Dominicana debe salir  de la exclusiva y nada prestigiosa lista de los 21 países del mundo en que está prohibido y sancionado la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, como son, Malta, Andorra, San Marino, El Vaticano, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití, Egipto, Gabón, Guinea-Bisáu, Madagascar, Mauritania, República del Congo, República Democrática del Congo, Filipinas, Palaos, Laos y Senegal, según publicación de junio de este año del Centro de Derechos Reproductivos de New York.

Es importante saber que aún en las circunstancias extremas en que se deba permitir la interrupción del embarazo, siempre será y deberá ser la mujer la que decida sobre su cuerpo, ósea la ley no impone, es simplemente una opción sobre la base de la protección y lo más conveniente. Hablamos de un proceso seguro y garantista de vida.

Pasamos del semáforo rojo al amarillo de las excepciones  justificadas en esta materia. El Estado debe y tiene que garantizar los derechos de la colectividad dominicana en cualquier circunstancia y sobre todo tener claro que pecado y delito,  no son sinónimos.

 

La autora es periodista.

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