24 de julio del 2021

Política

Nicaragua, hacia una dictadura familiar

ANDRÉS OPPENHEIMER  La escalada de la represión políti­ca en Nicaragua ha alcanzado ni­veles que no se han visto en ningún país la­tinoamericano, excepto Cu­ba, en muchas décadas. Es tan masiva que hay que pre­guntarse si el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, está preparando el escenario para una dictadura familiar hereditaria de largo plazo. La opinión […]




ANDRÉS OPPENHEIMER

 La escalada de la represión políti­ca en Nicaragua ha alcanzado ni­veles que no se han visto en ningún país la­tinoamericano, excepto Cu­ba, en muchas décadas. Es tan masiva que hay que pre­guntarse si el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, está preparando el escenario para una dictadura familiar hereditaria de largo plazo.

La opinión predominante entre muchos funcionarios de Estados Unidos es que la reciente ola de arrestos de los principales precandida­tos presidenciales oposito­res de Nicaragua tiene como objetivo asegurar que la su­cesora de Ortega, su esposa y todopoderosa vicepresi­denta Rosario Murillo, pue­da gobernar a sus anchas el día que el actual presidente se retire. Algunos funciona­rios se refieren a la escalada de arrestos como “la redada de Murillo”.

Según esta línea de pen­samiento, Ortega, 75, quien ha tenido al menos dos ata­ques cardíacos y a menudo desaparece de la escena pú­blica durante varias sema­nas, podría estar temiendo un mal resultado en las elec­ciones del 7 de noviembre contra un posible candidato de la oposición unida.

Incluso una estrecha vic­toria de Ortega podría debi­litar su gobierno y dejar a su sucesora, Murillo, expues­ta a ser acusada en el futu­ro por la represión guberna­mental de 2018 que dejó al menos 320 muertos. La pa­reja presidencial tiene nue­ve hijos, ocho de los cuales tienen el rango de asesores presidenciales y están en los negocios familiares, según el diario español El País.

En un probable esfuerzo por garantizar la permanen­cia indefinida de su régimen en el poder, Ortega arres­to a prácticamente todas las principales figuras oposito­ras mediante una ley apro­bada en diciembre que per­mite al gobierno declarar a ciudadanos como “terroris­tas” o “traidores a la patria” y prohibirle presentarse a cargos públicos.

La precandidata presi­dencial Cristiana Chamo­rro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamo­rro, fue arrestada el 2 de ju­nio. Días después, la policía arrestó a los precandidatos Félix Madariaga, Juan Se­bastián Chamorro y Artu­ro Cruz, así como a exfun­cionarios sandinistas se han vuelto críticos del autorita­rismo de Ortega.

“En 30 años de monito­rear los derechos humanos en la región, nunca he vis­to un caso similar, donde se arrestan de un tirón a todos los principales líderes demo­cráticos opositores,” me dijo José Miguel Vivanco, direc­tor del departamento de las Américas de Human Rights Watch. “Ni (Nicolás) Madu­ro en Venezuela se ha ani­mado a hacer una razzia de todos los candidatos oposi­tores de una vez”.

Carlos Fernando Cha­morro, el periodista inde­pendiente más conocido de Nicaragua y hermano de la precandidata arrestada Cristiana Chamorro, me di­jo que Murillo juega “un pa­pel fundamental” en todas las decisiones de Ortega, in­cluidas las recientes deten­ciones de líderes de la opo­sición.

Murillo tiene tanto poder que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al gobier­no de Nicaragua en una de­claración del 16 de junio como “el régimen Ortega-Murillo”. Blinken aplaudió la resolución de la Organi­zación de Estados America­nos (OEA) que condenó a Nicaragua por los recientes arrestos, y que fue aprobada con 26 países, con cinco abs­tenciones, incluidas las de México y Argentina, y los vo­tos en contra de Nicaragua, Bolivia y San Vicente. El Co­mité de Relaciones Exterio­res del Senado de Estados Unidos tiene previsto vo­tar en los próximos días un proyecto de ley bipartidista que exige sanciones adicio­nales a altos funcionarios ni­caragüenses y requiere que las agencias de inteligencia recaben información sobre la corrupción de la familia Ortega. Además, el proyec­to de ley pediría que re-eva­luar la participación de Nica­ragua en el acuerdo de libre comercio entre Estados Uni­dos y Centroamérica.

Pero quizás la forma in­mediata más efectiva de pre­sionar al régimen de Ortega, además de amenazar con exponer su corrupción, se­ría colocar a los principales funcionarios nicaragüenses acusados de abusos a los de­rechos humanos en listas in­ternacionales de prohibición de vuelos, generalmente re­servadas para sospechosos de terrorismo. Eso haría que los violadores a los derechos humanos no pudieran salir del país por vía aérea.

Salvo una creciente pre­sión internacional, Nicara­gua se convertirá en una nueva Cuba: un país sin ni siquiera una fachada de un sistema multipartidista, go­bernado por una dictadura familiar hereditaria.

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