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14 de abril del 2021

Opinión

Odebrecht: ¡el chantaje!

Oscar Medina. Odebrecht y sus principales ejecutivos ignoran la delicada situación que atraviesan en nuestro país después de sus sobrevaluaciones y sobornos, porque sólo esa razón pudo llevarla a la oprobiosa exigencia de aumentar unilateralmente los costos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en 708 millones de dólares y chantajear al Gobierno con la entrega […]




Oscar Medina.
Odebrecht y sus principales ejecutivos ignoran la delicada situación que atraviesan en nuestro país después de sus sobrevaluaciones y sobornos, porque sólo esa razón pudo llevarla a la oprobiosa exigencia de aumentar unilateralmente los costos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en 708 millones de dólares y chantajear al Gobierno con la entrega de la obra. El consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella ha tenido el tupé de pretender elevar en un 35 por ciento el costo total de la obra por diversos conceptos, asociados en su mayoría a supuestos retrasos en el fl ujo de caja y a cambios en su diseño original. La simple solicitud y luego el chantaje de retrasar los trabajos, constituyen una afrenta a la sociedad dominicana y un desafío al Gobierno, que muy correcta y oportunamente respondió a través del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, advirtiendo que no pagará “un centavo más” de lo establecido en el contrato, al tiempo de considerar inaceptable cualquier alteración del calendario fi jado para entregar la obra. Y así tiene que ser, independientemente de las consecuencias, porque la sociedad dominicana no entendería un incremento tan grande en los costos de esa obra… La empresa que lidera ese consorcio protagoniza el mayor escándalo de corrupción de la historia latinoamericana después de confesar en una corte de Estados Unidos haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para adquirir obras en el país, y en Brasil admitió haber sobrevaluado esas obras para cubrir esos sobornos. De ahí que no pocos sectores hayan reclamado la expulsión de Odebrecht del país y la rescisión de los contratos vigentes. El Gobierno, actuando con mesura, inteligencia, y procurando lo que entiende es la mejor fórmula para el país, aceptó negociar un acuerdo de cooperación donde se le permite a Odebrecht continuar operando en el país, terminar las obras contratadas y mantener sus licencias como proveedores del Estado a cambio de una indemnización y de colaboración con el caso penal que se sigue en el país. Pero ante esta afrenta, el Gobierno deberá necesariamente repensar esa decisión… …Primero porque esos cobros son absolutamente injustifi cados. Tanto las difi cultades como las consecuencias de errores en el diseño y las provocadas por los retrasos en el fl ujo de caja son exclusiva responsabilidad del consorcio. Si no tomaron en cuenta las características del terreno o las condiciones del mar, que asuman sus consecuencias. Y quienes están en falta con el fi nanciamiento son los contratistas, que nunca accedieron a los 600 millones de dólares que se comprometieron a traer desde el BANDES brasileño. Y los aumentos en los costos sólo se pueden entender dentro de la práctica extendida de licitar obras por debajo de su precio --o de las expectativas del contratista--, para posteriormente ajustarlos al alza aplicándoles adendas onerosas para el contratante. Por tanto, como son ellos los que están en falta, son ellos quienes tienen que asumir las consecuencias, empezando por resarcir al Estado. Odebrecht también está en falta ante el cumplimiento del acuerdo con la Procuraduría General de la República, o al menos su colaboración ha estado muy por debajo de las expectativas mínimas que se supone esperaban las autoridades. Por tanto, el nivel de maniobra del Gobierno ante la afrentosa solicitud de incrementar el costo de Punta Catalina es mucho mayor de lo que piensan quienes dirigen el consorcio que la construye… Y debe usar cualquier herramienta a su disposición con el fi n de enfrentar esta extorsión por parte de Odebrecht, incluyendo sacarla del país. Porque aunque es cierto que una acción del Estado para separar a Odebrecht de la construcción de Punta Catalina tendría repercusiones negativas para el Gobierno y para la sociedad en su conjunto --podría retrasar la obra en años, aumentar considerablemente sus costos y prolongar considerablemente cualquier avance sustancial en el sector eléctrico--, también es cierto que cualquiera de esos males sería infi nitamente inferior que la idea de pagar un chantaje vulgar a una empresa que se encuentra en el ojo del huracán y con una reputación vergonzosa. Demasiado se le ha tolerado para que termine en paz esa obra tan importante para el país… Pero que no abuse de la decisión del presidente Medina para concluir lo antes posible Punta Catalina… ¡… La historia de la Barrick es muy reciente para olvidarla tan fácil!

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