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20 de abril del 2021

Opinión

Órganos de controles nominales

Javier Cabreja. Si algo ha dejado claro el crimen y el escándalo de corrupción alrededor de la Oficina Metropolitana de Servicio de Transporte (OMSA), es que los órganos de control del país existen solo de nombre. Como parte de las investigaciones sobre el asesinato de un abogado y catedrático universitario, se le solicitó a la […]




Si algo ha dejado claro el crimen y el escándalo de corrupción alrededor de la Oficina Metropolitana de Servicio de Transporte (OMSA), es que los órganos de control del país existen solo de nombre. Como parte de las investigaciones sobre el asesinato de un abogado y catedrático universitario, se le solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría sobre la gestión de la OMSA durante el período 2012-2017. Los resultados de esta auditoría pusieron al descubierto el mecanismo de operación de una red corrupta en esa institución pública. Contrataciones directas, adquisición de servicios sin contratos, pagos a empresas fantasmas y negocios con empresas de funcionarios de la OMSA, fueron solo algunas de las violaciones encontradas. Funcionarios y relacionados de la OMSA defraudaron al Estado por más de 3,000 millones de pesos sin que nadie dijera nada. La Constitución establece que la fiscalización sobre los ingresos y gastos de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General (art. 246). Sin embargo, en el caso de la OMSA, estas instituciones fallaron. La Cámara de Cuentas no debió esperar la consumación de un crimen para llevar a cabo una auditoría a una institución que desde hacía tiempo estaba siendo señalada como corrupta. Según la auditoría, la unidad de fiscalización de la Contraloría General avaló las prácticas ilícitas detectadas. La Contraloría se ha defendido indicando que existe una resolución (No. 15-08) que permite a las instituciones la contratación directa para la adquisición de pasajes aéreos, combustibles y reparación de vehículos de motor. La permanencia de esta resolución y la forma en que se ha interpretado, ha dado lugar a la violación de los principios y procedimientos de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado. Queda evidenciado que la Contraloría General también ha fallado. Lo mismo podemos decir de un Congreso que está más ocupado en el bienestar de sus legisladores y en asuntos poco relevantes, que en el desempeño de su rol como órgano de control. Sin instituciones que fiscalicen el uso de los recursos públicos es difícil frenar la corrupción. Sin control externo, interno, político y social, las instituciones públicas se seguirán manejando con absoluta discrecionalidad y opacidad. Lo que se detectó en la OMSA podría estar pasando en otras dependencias del Estado. Solo es posible revertir esto, si las instituciones de fiscalización ejercen sus funciones. Se requiere una mayor coordinación entre ellas. Ojalá que este escándalo sea aprovechado para avanzar en la aprobación de una nueva ley de Compras y Contrataciones que, entre otras cosas, fortalezca la Dirección de Contrataciones Públicas.

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