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11 de mayo del 2021

Opinión

¿Pato al agua? Siguen sin entender

Nelson Marte. En Esta fractura es diferente escribí que el oficialismo no ha internalizado la magnitud  de los daños que podría acarrearle  una errónea administración del expediente Odebrecht de corrupción, comprobado por la justicia de EE. UU. y Brasil, y admitido por esa empresa. Desde entonces se produjo la “Marcha por el fin de la impunidad”, que cuantificada […]




En Esta fractura es diferente escribí que el oficialismo no ha internalizado la magnitud  de los daños que podría acarrearle  una errónea administración del expediente Odebrecht de corrupción, comprobado por la justicia de EE. UU. y Brasil, y admitido por esa empresa.

Desde entonces se produjo la “Marcha por el fin de la impunidad”, que cuantificada conservadoramente, a ojos vista, y proyectada exponencialmente al resto del pueblo, expresó el empoderamiento de la mayoría ciudadana.

Al parecer procurando desinflar el impacto que podía augurarse tendría la marcha ciudadana,  48 horas antes las autoridades  “revelaron” haber recibido de Odebrecht “el compromiso formal de pagar US$184 millones equivalentes al duplo de los US$92 millones que la propia empresa reconoció haber pagado en sobornos”.

Pero después Odebrecht hizo lo que equivale a un desmentido al “revelar”, también, que respeto de esa indemnización no existen montos ni plazos a honrar.

Iniciativa por la Institucionalidad Democrática plantea que el país debe reclamar “346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y (más) el costo financiero de estos valores”.

IDEM alerta que “la existencia de sobornos (…) ya ha sido confesada por Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quiénes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios…”

Fernando Fernández, miembro del CC del PLD, dice poseer informaciones de que “Hay uno al que quieren tomar como chivo expiatorio, pero eso es un error, eso va a empeorar esta situación”.

El pragmático  Orlando Gil, quien en frecuentes ocasiones parece alimentar sus escritos con datos de la inteligencia estratégica gubernamental, razona en su columna del martes que  el enorme impacto de la Marcha por el fin de la impunidad podría ser favorable al gobierno.

“Conviene tirar un pato al agua. Y será mejor ajeno que propio, y podrá alegarse presión popular. Con un ahogado la gente se calma, aunque no se conforme”, escribió.

Jalar a las indagatorias a connotados dirigentes opositores que no negociaron ni ejecutaron los contratos, y embarcarse en movimientos como los que revela Fernández y propone Oelando, refuerzan mi opinión de que el oficialismo aún no tiene idea de la magnitud de los daños que puede depararle este expediente.

En cuanto a la otra iniciativa fallida del gobierno, el obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles,  parece haberle dado el tiro de gracia al cuestionar  a la mayoría de los integrantes de la comisión designada por el Gobierno para revisar el contrato de Punta Catalina, incluyendo a monseñor Agripino Núñez Collado, ya que a su juicio “una buena parte de ellos no son las personas indicadas para estar en la comisión en la que pueda llegarse a la determinación de la verdad de la corrupción al respecto”.

El peledeísmo ha tenido un control hegemónico sobre el país con un modelo fundamentado en el clientelismo, el secuestro –a veces parcial, a veces total– de la opinión pública y el desmadre institucional.

Pero su propia dinámica ha erosionado y agotado ese modelo.

Con la agravante de que el peledeísmo ni parece advertirlo, lo cual es especialmente peligroso en tiempos en que desde el Norte, en apariencia ahora más  “revuelto y brutal” que nunca, soplan fuertes vientos  de incertidumbre para el mundo, y nuestro Continente.

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