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13 de abril del 2021

Economía

Prejuicios e intereses

Hemos pasado por todas. Vendimos la CDEEE en el 1999, y fracasamos estrepitosamente. Estatizamos de nuevo las tres distribuidoras de electricidad, Edenorte y Edesur en el 2003, Edeeste en el 2009, y los resultados no podrían ser peores. Ahora, 20 años después, algunos sectores parecen no haber entendido que sobre el sistema eléctrico la discusión […]




Hemos pasado por todas. Vendimos la CDEEE en el 1999, y fracasamos estrepitosamente. Estatizamos de nuevo las tres distribuidoras de electricidad, Edenorte y Edesur en el 2003, Edeeste en el 2009, y los resultados no podrían ser peores. Ahora, 20 años después, algunos sectores parecen no haber entendido que sobre el sistema eléctrico la discusión de si la propiedad es pública o privada carece de sentido en algunas realidades, y que lo aconsejable es el análisis pragmático de cada situación concreta. Por ejemplo, algunos analistas proponen la venta de Punta Catalina al sector privado porque consideran que en manos del Estado esa central seria victima segura del clientelismo y la irresponsabilidad de políticos de cualquier laya. Tenemos un espejo patente y doloroso: las famosas Edes; los ejemplos sobran. Sin embargo, en este caso la venta o privatización de la termoeléctrica no sería la mejor solución desde el punto de vista del interés general. Pensándolo un poquito más se cae en la cuenta de que se dispone hoy en el mundo de excelentes opciones para evadir el perverso clientelismo político, mantener la propiedad del activo y percibir jugosos beneficios financieros. Lo aconsejable es que el Gobierno, mediante licitación internacional, contrate una firma privada para operación y mantenimiento [O&M] de Punta Catalina. Es previsible que si una empresa privada compra la central procederá de inmediato a contratar una firma independiente especializada en operación de centrales termoeléctricas. Y lo hará porque en el país no hay experiencia en la operación de plantas eléctricas de carbón de esa envergadura y características tecnológicas. Las plantas de carbón más grande que tiene nuestro sistema son Itabo1 e Itabo2, de 125 MW de potencia cada una y casi 40 años de edad. Ceder la operación y mantenimiento [O&M] a una firma independiente mediante detallado contrato es una vieja práctica en América Latina, Estados Unidos y Europa. Muchas firmas de ingeniería y gestión se dedican a eso, como, por ejemplo, la firma japonesa TEPCO Holdings que aparte construir plantas también se dedica a operación y mantenimiento. La propia Comisión Investigadora del Proceso de Licitación de Punta Catalina, encabezada por José Luis Corripio y Monseñor Núñez Collado recomendó en su informe del 30 de junio del 2017, página 125, punto 88 lo siguiente: “La Comisión considera que la CTPC [Central Termoeléctrica Punta Catalina] debe inicialmente quedarse bajo control estatal. Y a la vez reservarse la administración del proyecto a personas y/o entidades que no tengan conflicto de interés en el negocio eléctrico dominicano”. Además, mucho antes, en octubre del 2015, la CDEEE había publicado una licitación internacional restringida para recibir muestra de interés de firmas interesadas en ser contratada para la operación y mantenimiento de Punta Catalina [Ver Licitación No.CDEEE-LRI-01-2015, 14 de octubre del 2015]. En resumen, Punta Catalina no necesita ser vendida al sector privado para garantizarle eficiencia operacional y explotación comercial ajena al populismo político. El Estado puede mantener la propiedad y recibir los beneficios financieros correspondientes, además de participar en las decisiones de inversiones en ampliación y desarrollo. Punta Catalina puede ser una gran fuente de ingresos durante décadas para el Estado dominicano. Con una capacidad de 674 MW neta, trabajando el 85% del año y una vida productiva de 40 años, Punta Catalina produciría 5 mil 450 millones de kilovatio hora por año e ingresos bruto de venta entre 545 y 638 millones de dólares si vende a precio monomico [energía + potencia] entre 10 y 11.5 centavos de dólar por KWh. (Ese es el rango de precio de venta bajo contratos para plantas de carbón en estos momentos). Además, por su bajo costo variable de producción y siendo propiedad de las distribuidoras [que fueron sus licitantes] Punta Catalina tiene asegurada la venta de toda su energía. Quiere decir pues, que el Gobierno, si la vende, estaría entregándole a quienes no invirtieron nada, y sin justificación técnica ni económica, una verdadera mina de oro construida durante cinco años de “sangre, sudor y lágrimas”. Naturalmente, los prejuicios existen…, y los intereses también. Antonio Almonte.

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