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10 de mayo del 2021

Nacionales

Procuraduría General separa de cárcel a Blas Peralta de los demás implicados en muerte de Febrillet

Santo Domingo La Procuraduría General de la República dispuso separar de recintos penitenciarios a los implicados en el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet,  acogiendo la solicitud de los abogados de la familia de la víctima. A través de un comunicado de prensa,  la Procuraduría indicó que […]




Santo Domingo
La Procuraduría General de la República dispuso separar de recintos penitenciarios a los implicados en el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet,  acogiendo la solicitud de los abogados de la familia de la víctima. A través de un comunicado de prensa,  la Procuraduría indicó que la medida busca evitar que Blas Peralta, principal sospechoso del asesinato de Aquino Febrillet, junto a los demás implicados en este caso, continúen confabulándose para obstaculizar el desarrollo del proceso que se le sigue en los tribunales. En tal sentido, informó que el Modelo de Gestión Penitenciaria dejó a Peralta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana, mientras que los demás implicados, el coronel retirado Rafael Herrera Peña, Gerardo Félix Bautista y Franklin Alejandro Venegas, serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
La institución indica, además, que se procedió a realizar el movimiento de estos internos,  tras una recomendación a tales fines de la fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien favoreció que se acogiera la solicitud de los abogados de la familia Febrillet, para evitar que los imputados se reorganicen con el objetivo de impedir el adecuado funcionamiento de la justicia.   El pasado 3 de abril, el juez Rigoberto Sena, del Sexto Juzgado de la Instrucción, dictó auto de apertura a juicio contra  Peralta y los demás imputados y le ratificó la  prisión preventiva que fue impuesta en su contra como medida de coerción.     La fase preliminar concluyó después de un año de debates, con 11 aplazamientos y tres suspensiones de la audiencia preliminar de este caso.   La Procuraduría manifestó que sigue firme en sus propósitos de procurar que los implicados en este repudiable y condenable hecho sean sancionados con la pena máxima de 30 años de prisión establecidas en las leyes del país.

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