República Digital - Indotel Anuncio

09 de mayo del 2021

Política

Punta Catalina: un proyecto para financiar la campaña de Danilo

Antonio Taveras Guzmán. El proyecto reeleccionista de Danilo Medina y su grupo ha sido un proyecto de largo alcance que empezó a planificarse desde el mismo instante en que ganó las elecciones del año 2012. Se trató de un proceso que costó al país un déficit en el presupuesto que sobrepasó los RD$175,000 millones, aumentando […]




Antonio Taveras Guzmán.

El proyecto reeleccionista de Danilo Medina y su grupo ha sido un proyecto de largo alcance que empezó a planificarse desde el mismo instante en que ganó las elecciones del año 2012. Se trató de un proceso que costó al país un déficit en el presupuesto que sobrepasó los RD$175,000 millones, aumentando el déficit proyectado en ese año por encima del 6%. Esto significa que se adelantaron y se ordenaron obras que no estaban en el presupuesto para, en muchos casos,  mostrar ejecutorias. Al mismo tiempo, se buscaba sobrevaluar obras y robar dinero para financiar la campaña. El déficit provocado todavía todos los dominicanos lo estamos pagando, pues hubo que endeudar más al país para cubrirlo.

Punta Catalina fue unas de las obras pensadas y ejecutadas para pagar la campaña del 20012 y apuntalar el proyecto de poder a largo plazo del grupo de Danilo Medina. Cuando Medina llegó al poder en el año 2012, Celso Marranzini era el administrador de la CDEE. Marranzini ya había puesto en marcha el plan de desarrollo energético firmado por el país con el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional. Este plan buscaba aumentar la generación energética y reducir las pérdidas de las distribuidoras que en ese momento iban camino al 40%. Este era un plan a ocho años con un financiamiento de US$800 millones para invertir en el mejoramiento de las redes y otros problemas técnicos y gerenciales que pondrían a las distribuidoras en poco tiempo a reducir sus pérdidas a un porcentaje razonable.

La hoja de ruta planteada por este acuerdo era más concreta, razonable y factible que el fallido Pacto Eléctrico, para terminar con los apagones y para que los dominicanos pudiéramos tener un servicio eléctrico continuo, de calidad y a precio razonable. Este plan se echó para atrás cuando Danilo llega al poder incumpliendo con el acuerdo firmado por los organismos multilaterales. Marranzini en los tres años que estuvo al frente de CDEEE adicionó mediante licitación 700 megas, los mismo que vendría a aportar Punta Catalina. Cuando Danilo llegó en el año 2012 ya estaba lista la licitación para adicionar 700 megas más. Este plan se paralizó porque supuestamente el gobierno de Brasil iba a “donar” una planta de generación al país. Este “regalo” resultó ser Punta Catalina. ¡Vaya regalo! Casi US$3,000 millones en inversión, y una sobrevaluación que algunos especialistas calculan en más de US$1,200millones.

Punta Catalina obedeció siempre a unos de los planes de acumulación de dinero para un proyecto de poder de largo alcance.  No fue concebido para resolver el problema eléctrico (que le resta al país mucha competitividad y calidad de vida).

Si Joao Santana y Odebrecht hubiesen planteado hacer un puente debajo del río con su debida justificación para buscar dinero para campaña, pues en vez de Punta Catalina tuviéramos un puente debajo del Ozama. Porque simplemente se estaba buscando un proyecto que justificara y garantizara buscar el dinero necesario para ganar elecciones. Punta Catalina ha sido unos de los grandes asaltos a los que han sido sometidos el Estado y el pueblo dominicano por parte de ese grupo de políticos confabulados con empresarios desaprensivos.

Los dominicanos no podemos permitir que este asalto, que este robo quede impune. Los miles de pequeños y medianos empresarios que nos levantamos temprano y con sacrificio y trabajo honrado sostenemos la economía no podemos permitir que se nos robe lo que pagamos de impuestos.

Cada peso que se roban significa menos salud, menos educación, menos comida para nuestra gente humilde.

Esta gran estafa no puede ni debe quedar impune. Si el mecanismo institucional para exigir la reparación de un daño tan grave como este robo a la sociedad está secuestrado, pues el pueblo tiene el derecho y hasta el deber de exigir por todos los medios legales e institucionales la reparación de este daño. Los derechos no se mendigan. ¡Se exigen y defienden cuando son negados!  La protesta pacífica es un derecho que tenemos cuando se nos niega el derecho a la justicia. La protesta para exigir reparación de este daño y que los culpables sean juzgados y sentenciados es un deber de todos los que queremos vivir en un país decente. En todos los países donde Odebrecht actuó hay ministro, altos funcionarios, presidentes y expresidentes sometidos y sentenciados. Pero en nuestro país no ha pasado nada.

Lo que está hoy en disputa en nuestro país es democracia o dictadura; es transparencia y castigo o impunidad; es el Estado de derecho; es vivir en un país decente, con un Estado democrático que represente a las mayorías o un Estado que represente a unas minorías de delincuentes.

En el pasado los protagonistas de este panorama sombrío fueron Rafael Leónidas Trujillo y el Partido Dominicano. Hoy perfectamente podemos sustituir esos nombres o actores por el de Danilo Medina y el PLD. Los dominicanos estamos permitiendo que este proyecto autoritario se afiance y controle todos los poderes del sistema democrático: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Además, permitimos que se compre la prensa y los medios informativos, se vigile y se espíe a cualquier ciudadano que muestre un mínimo de disenso. ¿Qué falta? ¿Los muertos en las calles? ¿Los presos y los exiliados? ¿Lo vamos a permitir de nuevo? Los dominicanos tenemos el deber y el compromiso de no permitir que se sigan robando el dinero que pagamos de impuestos y que se sigan pisoteando los derechos democráticos que tantos muertos y sangre nos han costado. 

Noticias destacadas