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13 de mayo del 2021

Opinión

Reforma CPP inconstitucional

  VINICIO A. CASTILLO SEMAN. Tan pronto se aprobó la Ley 10-15 del 13 de enero del año 2015, que estableció reformas a la Ley 76- 02 del Código Procesal Penal y cambios en el Artículo 229 relativo al Peligro de Fuga del imputado, plantea que era inconstitucional, puesto que violo de manera flagrante el […]




 

VINICIO A. CASTILLO SEMAN.

Tan pronto se aprobó la Ley 10-15 del 13 de enero del año 2015, que estableció reformas a la Ley 76- 02 del Código Procesal Penal y cambios en el Artículo 229 relativo al Peligro de Fuga del imputado, plantea que era inconstitucional, puesto que violo de manera flagrante el principio cardinal de la separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial establecido en el Artículo 4 de la Constitución, que reza: El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial.

Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes.

En nuestro sistema constitucional es facultad exclusiva del Congreso Nacional la aprobación de leyes. El Artículo 93 de la Constitución establece como atribuciones del Congreso Nacional: Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo.

Igualmente, el Artículo 108 de la Constitución establece en el mismo sentido: Las leyes y las resoluciones bicamerales se encabezarán así­: El Congreso Nacional, en nombre de la República.

Como se puede apreciar de la lectura de estos textos constitucionales, no existe ninguna duda o posibilidad de que pueda existir en la República Dominicana una ley vigente que no haya sido conocida y aprobada por el Congreso Nacional. ¿Que ocurrió con la reforma del Código Procesal Penal establecida mediante la Ley 10-15 de fecha 13 de enero de 2015? El poder ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales, observo una ley aprobada en ambas Cámaras, que había introducido modificaciones al Código Procesal Penal. En esa observación la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo elaboro la modificación de una gran cantidad de artículos del Código Procesal Penal a los fines de que el Congreso Nacional conociera de los mismos.

¿Que paso luego? Que el Senado de la República, la Cámara a donde fueron enviadas las observaciones y el texto sugerido por el ejecutivo, no puso en agenda la discusión de la observación presidencial y dejo pasar dos legislaturas con el deliberado propósito de aplicar las disposiciones del Artículo 103 de la Constitución, que establece: Toda ley observada por el poder ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla.

De lo contrario, se considerar aceptada la observación.¿Que significa la aplicación de este Artículo 103 de la Constitución para las modificaciones del Código Procesal Penal? La barbaridad jurídica y constitucional de que hoy tenemos vigente una reforma del Código Procesal Penal contenida en la denominada Ley 10-15 que no paso por la mano de ningún legislador, que no fue vista ni aprobada por ningún diputado ni ningún senador. Tenemos hoy una reforma del Código Procesal Penal redactada y convertida en ley por el poder ejecutivo ejerciendo una facultad legislativa absurda.

Es en esta reforma de la ley 10-15 en la que se modifica el criterio del Peligro de Fuga establecido en el Artículo 229 para que se incluyera entre las circunstancias que el juez debía tener en cuenta para dictar la prisión preventiva la gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así­ como la pena imponible al imputado en caso de condena.

Fui abanderado de introducir criterios adicionales al del peligro de fuga en el Código Procesal Penal a ser tomadas en cuenta para prisión preventiva, pero siempre estando claro de que esto si  lo podía hacer el Congreso Nacional, por un tema de principio sagrado institucional.

A raíz del Caso Odebrecht, ninguno de los imputados plante la excepción de inconstitucionalidad con estos motivos, lo que no impide que puedan hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia y posteriormente por ante el Tribunal Constitucional, que deberán de pronunciarse sobre este caso por la vi­a difusa, en caso de que sea alegado por cualquiera de los imputados. Es sin duda un caso sui generis, ya que es un artículo de la Constitución, el 103, el que choca de frente con los Artículos 4, 93 y 108 de la misma Constitución y contra el espíritu de la separación de poderes consagrada por estos.

Es necesario que la Suprema Corte por la via difusa (via excepción de parte) y el Tribunal Constitucional, ya sea por revision constitucional de sentencia de la SCJ, o mediante un recurso de inconstitucionalidad directa contra la Ley 10-15, se pronuncien sobre este aspecto medular en materia constitucional.

Si se mantuviera vigente el Artículo 103 de la Constitución dándole facultad legislativa al Poder Ejecutivo legislando, será muy fácil en el futuro que cualquier presidente de la República pueda combinarse con un presidente de cámara legislativa para no poner en agenda, durante dos legislaturas, observaciones que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Se habrá conseguido una vi­a rápida para tener un Poder Ejecutivo usurpando las funciones indelegables legislativas del Congreso Nacional, lo que representa una atrocidad constitucional e institucional que jamás puede prevalecer.

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