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11 de mayo del 2021

Opinión

¿Reforma electoral sin consenso?

Vinicio A. Castillo Semán. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) designó hace un buen tiempo una comisión encabezada por el exvicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque, para que rindiera un informe a ese alto organismo de dirección peledeísta acerca de la reforma a la actual Ley Electoral y a la […]




Vinicio A. Castillo Semán.

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) designó hace un buen tiempo una comisión encabezada por el exvicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque, para que rindiera un informe a ese alto organismo de dirección peledeísta acerca de la reforma a la actual Ley Electoral y a la Ley de Partidos Políticos. Se trató de una decisión de tipo político, que conforme a los estatutos del partido morado le corresponde a ese organismo instruir a sus legisladores las líneas partidarias para la aprobación de este tipo de proyecto.

De manera sorpresiva el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su mayoría congresional, ha decidido conocer y aprobar de manera unilateral una reforma electoral y la aprobación de una ley de partidos, sin contar con la opinión y el consenso de los 12 partidos de oposición que hemos estado reclamando que el texto de dichas leyes sea el producto del más amplio consenso de todos los partidos, de la JCE y de la sociedad dominicana.

La Comisión de Justicia del Senado de la República ha querido aprovechar la reintroducción que hiciera la Junta Central Electoral del proyecto de Ley de Partidos y reforma a la Ley Electoral para hacerse un “traje a la medida” de las pretensiones del partido gobernante en esta sensible materia para la democracia dominicana, lo que, de consumarse, le quitaría toda legitimidad a dichas iniciativas legales.

Si bien es cierto que constitucionalmente nadie discute que es al Congreso Nacional a quien le corresponde la aprobación de la Ley de Partidos y la Reforma Electoral, no es menos cierto que, dada la naturaleza de las mismas, se trata de normas que deben tener la legitimidad y el consenso de los partidos políticos del sistema y de la sociedad dominicana, y jamás ser un encargo unilateral de la dirección política del partido gobernante.

La Reforma Electoral y la Ley de Partidos deben de abordar como tema central el origen real de la corrupción y de impunidad existente en el país, que lo representa el costo de hacer política en la República Dominicana; el costo de las campañas electorales, presidenciales, congresionales y municipales. Es en esos astronómicos costos donde está la matriz del sistema de hipercorrupción imperante en el país. El político que aspira a ser Presidente de la República está obligado a buscar miles de millones de pesos, lo que lo hace propenso a compromisos espurios de todo tipo, que después se convierten en pago de favores de corrupción cuando se obtiene la victoria.

El joven valor que está en un partido político, querido en su barrio, en su campo, en su sector; puede ser un gran orador, puede ser una gran promesa para el país; si no tiene dinero para escalar políticamente, no tiene ninguna posibilidad de descollar en el actual sistema electoral y de partidos de la República Dominicana.  Es por ello que en los últimos tiempos se ha producido una involución en la calidad de los funcionarios públicos, de los legisladores, de los alcaldes, de los regidores. El que llega, el “exitoso”, es el que tiene “los cuartos”; y una vez llega, se siente en el derecho de recuperar su inversión, propia o de sus amigos empresarios si es de origen lícito, o mafiosos si es de origen espurio.

Mientras la credencial esencial para hacer política en la República Dominicana sea el dinero; el “dame lo mío”, el “¿qué hay para mí?”, nos podemos olvidar del combate a la corrupción y a la impunidad y son esos instrumentos de una reforma electoral profunda los que tenemos que abordar a través de un diálogo directo entre partido de gobierno, sus aliados y la oposición, con el acompañamiento de la Junta Central Electoral y de la sociedad civil.

La reforma electoral tiene que abordar la duración de las campañas electorales, el trato equitativo en los medios de comunicación, en la publicidad; el control estricto en el uso y los recursos del Estado en favor del partido que gobierna al momento de realizarse unas elecciones. Tiene que establecer un régimen de consecuencia vigoroso en contra de la cultura de comprar conciencias y votos, sobre el control de las aportaciones privadas ilícitas y sobre el uso dado por los partidos al dinero recibido por el Estado.

El país tiene que rechazar las pretensiones de aprobar una Ley de Partidos y una Reforma Electoral de manera unilateral, como intenta hoy el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su mayoría congresional.

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