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22 de abril del 2021

Opinión

Resolución JCE del 14 de mayo de 2018

VINICIO A. CASTILLO SEMÁN. Por considerarlo de alto interés público, comparto con mis lectores la Resolución de la Junta Central Electoral del 14 de mayo de 2018, mediante la cual respondió emplazamiento de Alianza País, explicando no tener competencia para la regulación del proselitismo político fuera de los tiempos de la proclama electoral, cuya lectura […]




VINICIO A. CASTILLO SEMÁN.
Por considerarlo de alto interés público, comparto con mis lectores la Resolución de la Junta Central Electoral del 14 de mayo de 2018, mediante la cual respondió emplazamiento de Alianza País, explicando no tener competencia para la regulación del proselitismo político fuera de los tiempos de la proclama electoral, cuya lectura se basta por sí misma: “UNICO: Acto No. 908-2018, del 23-04- 2018, a requerimiento de Alianza País, mediante el cual notifi ca a la Junta Central Electoral que proceda en lo inmediato a adoptar las medidas que fueran necesarias para cumplir con lo dispuesto en el artículo 212, Párrafo IV de la Constitución Dominicana, así como en la Ley 275-97. El Pleno luego de visto y estudiado el Acto No. 908-2018, del 23-04-2018, instrumentado a requerimiento de Alianza País, mediante el cual notifi ca a la Junta Central Electoral que proceda en lo inmediato a adoptar las medidas que fueran necesarias para cumplir con lo dispuesto en el artículo 212, Párrafo IV de la Constitución Dominicana, así como en la Ley 275-97, contesta el mismo de la forma siguiente: “La Junta Central Electoral órgano de derecho público establecido conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana, en ocasión del Acto de Alguacil No.908/2018, instrumentado en fecha 23 de abril del 2018 por el Ministerial Guillermo Israel Batista Rivas, a requerimiento de Alianza País, representada por su Presidente el señor GUILLERMO MORENO y, sin dar aquiescencia a las faltas atribuidas en el contenido y requerimientos del referido acto, hace de su conocimiento las siguientes aclaraciones y precisiones, en el mismo orden en que han sido planteadas las cuestiones contestadas. La Junta Central Electoral tiene pleno conocimiento de los partidos políticos existentes en la República Dominicana y de la representación popular que han obtenido en los certámenes electorales en que han participado. La idoneidad y transparencia de los procesos electorales es regulada en primer orden, por el buen accionar de los partidos y agrupaciones políticas cuyo rol primordial debe ser el desempeño idóneo de los partidos políticos en su participación social y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias existentes, que por naturaleza son siempre perfectibles en pro de la equidad y los derechos políticos de los ciudadanos. La Junta Central Electoral, aprovechando las sugerencias positivas de la observación electoral y la propia experiencia, ha superado en cada ocasión los procesos electorales anteriores, y en ejercicio de sus deberes y facultades constitucionales ha puesto en práctica ante el Congreso de la Republica, su iniciativa legislativa con 10s proyectos de leyes para la reglamentación de los partidos y organizaciones políticas y para la modernización y actualización del proceso electoral, ejercida en la más reciente ocasión el 7 de febrero del año en curso; Y ha dictado los reglamentos que legalmente puede hacer, hasta tanto sea iniciado el proceso electoral, conforme al mandato de ley (Proyecto de Resolución que establece la distribución de Diputados y Diputadas representantes del Distrito Nacional y las Provincias para las Elecciones del 17 de mayo del 2020 -remitido a los partidos políticos para sus observaciones y comentarios-, Reglamento sobre Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos para el Año 2018 y Reglamento que Establece las Normas Contables para el Manejo de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos y los lngresos de Otras Fuentes), aprobados en fechas 7 y 21 de febrero 2018, respectivamente y notifi cados de manera formal a todos los partidos y agrupaciones políticas reconocidas. Es oportuno señalar el seguimiento dado por Alianza País a las declaraciones del Presidente de la Junta Central Electoral y la importancia de conocer la legislación electoral y los plazos previstos para el ejercicio de la facultad reglamentaria, así como la vigencia de los reglamentos que en ejercicio de esa facultad dicta el órgano electoral, los cuales han sido rigurosamente observados, como lo demuestran el Proyecto de Resolución que establece la distribución de Diputados y Diputadas representantes del Distrito Nacional. Y las Provincias para las Elecciones del 17 de mayo del 2020, el Reglamento Sobre Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos para el Año 2018 y el Reglamento que Establece las Normas Contables para el manejo de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos y los ingresos de Otras Fuentes, precitados. La facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral se encuentra establecida en la Constitución de la República, es un derecho y obligación del organismo avalado por las leyes vigentes. La Ley Electoral 275-97 dispone el momento del inicio del período electoral, pautado por la proclama, prevista en el artículo 87. “Toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral. La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos, el período para el cual han de serlo y cualesquiera otros particulares que se estimen necesario o útiles.” “La proclama por la cual se anuncie una elección ordinaria deberá ser publicada a más tardar noventa (90) días antes de la fecha en que deba celebrarse” … Y es a partir de ese momento que comienza la aplicación de los reglamentos correspondientes, sin jamás olvidar el carácter transitorio de su contenido tal y como consta en el artículo 6 de la Ley 275-97 y sus acápites. Procede puntualizar que el alcance de la facultad reglamentaria no impide que la JCE en su momento emita y exponga a consulta de los partidos y agrupaciones políticas, así como a los sectores involucrados en el proceso, los proyectos de reglamentos y resoluciones, para su vigencia posterior a su aprobación.” Exhorto a los honorables miembros de la JCE, quienes en la gran mayoría son personas a las que distinguimos con admiración y amistad, que reflexionen. Errar es de humanos. El camino es el de la rectificación.

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