El Ministerio Público de la jurisdicción de Santiago presentó formal acusación en contra de cinco personas implicadas en delitos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos, y porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal. La acusación fue presentada en contra de Juan Fernández Fernández, Grismelda Acarilis Merejo, Jolvert José Ramírez, María Magdalena Batista y Jairo Rafael Correa, quienes se presume que formaban parte de una red dedicada a la trata y tráfico de personas. Los imputados fueron arrestados en una operación que se llevó a cabo el pasado año tras la realización de un allanamiento en el Nigth Club Casa Blanca y posteriormente a éstos les fueron impuestas distintas medidas de coerción. El Ministerio Público además solicitó la revocación de la medida que favoreció la libertad de Juan Fernández Fernández, luego que le variaran la coerción de prisión preventiva que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en mayo  del año 2016. Además de Fernández, la misma coerción de prisión preventiva les fue impuesta por su vinculación al caso a Grismelda Acarilis Merejo y Jolvert José Ramírez, quienes cumplen prisión en centros penitenciarios de esta demarcación. En tanto que a María Magdalena Batista y a Jairo Rafael Correa se les impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Durante la operación efectuada el pasado año en el centro nocturno Casa Blanca fueron encontradas varias mujeres de diferentes nacionalidades, que se presume eran explotadas sexualmente, y se decomisó una cantidad importante de evidencias. Por su vinculación a este caso, la Fiscalía de Santiago también presentó acusación ante las autoridades de Venezuela en contra del ciudadano venezolano Johnny Eliéser Cordero, quien fue arrestado en su nación el pasado año. De acuerdo a las investigaciones, el venezolano formaba parte de la estructura de trata de personas, sirviendo de enlace desde su país. El Ministerio Público destacó la cooperación ofrecida por las autoridades de Venezuela en este caso, especialmente, para la ejecución de la solicitud de arresto hecha en contra del imputado. Indicó que debido a normas de Venezuela, Cordero será procesado en su país.