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24 de junio del 2021

Mundiales

Señala EU a funcionarios centroamericanos por corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes un informe en el que señaló públicamente a funcionarios y políticos centroamericanos vinculados con delitos como la corrupción y el narcotráfico. Aunque el documento no deriva en ninguna sanción para los involucrados, es relevante porque reitera un mensaje que el gobierno de Joe Biden ha […]




El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes un informe en el que señaló públicamente a funcionarios y políticos centroamericanos vinculados con delitos como la corrupción y el narcotráfico.

Aunque el documento no deriva en ninguna sanción para los involucrados, es relevante porque reitera un mensaje que el gobierno de Joe Biden ha intentado dejar claro: el fortalecimiento de la democracia como uno de los pilares de su política hacia Centroamérica, porque la corrupción desenfrenada es una de las causas fundamentales de la inmigración ilegal.

El informe nombra a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que estarían comprometidos o que facilitaron “grandes actos de corrupción” o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos del narcotráfico para sus campañas y a los supuestos facilitadores de estos delitos.

Por Honduras designó a cinco diputados del Congreso que están acusados actualmente en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La mayoría de las acusaciones fueron desestimadas. También designó al actual diputado del Congreso hondureño, Oscar Nájera, por supuestos nexos con el cartel de ese país Los Cachiros. Su caso fue desestimado en los tribunales hondureños.

Nájera dijo este martes a The Associated Press que la congresista estadunidense Norma Torres, quien gestionó la publicación de la lista, fue sorprendida, porque él jamás ha cometido actos reñidos con la ley a lo largo de su vida personal y política. «Yo me someto a la justicia terrenal y mi mejor juez es mi conciencia”, expresó Nájera.

Por Guatemala el informe designó a seis políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos como Mario Estrada, excandidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del ex presidente Jimmy Morales, quien habría lavado cerca de 10 millones de dólares del narcotráfico.

También incluyó a Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde del municipio guatemalteco de Ocós San Marcos, acusado de narcotráfico y extraditado desde Panamá en febrero de este año. Los actuales diputados Felipe Alejos y Boris España fueron incluidos en el informe. Ambos integraron la Junta Directiva del Congreso y han sido acusados de corrupción.

España dijo a periodistas que el informe es un tema político. “Viajo a Estados Unidos para visitar o por una iglesia, no tengo algún negocio (allí)” explicó.

También aparece Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele, acusada de corrupción.

Tiziano Breda, analista para Crisis Group, dijo a The Associated Press que el listado es simbólico y conservador.

“No tiene consecuencias prácticas, aunque podría servir de base para la famosa lista Engel que saldrá en junio”, explicó el analista que dijo que “se queda con muchos sospechosos habituales”, ya señalados y hasta sancionados en algunos casos. La lista Engel incluye los nombres de funcionarios vinculados con la corrupción y violaciones a los derechos humanos en el Triángulo Norte a los que Estados Unidos les retira la visa.

«Manda una señal a las autoridades judiciales nacionales, ya que hace énfasis en que muchos de los señalados o han sido investigados en los Estados Unidos o acusados por misiones internacionales… pero no investigados en sus países”, agregó Breda.

El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del senado estadunidense que seguirán examinando las denuncias de corrupción y utilizando “todas las demás autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”.

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