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12 de mayo del 2021

Opinión

Sin aventuras

Luis Encarnación Pimentel. No hay necesidad -ni derecho- a que los intereses grupales y las ambiciones desmedidas de un sector político con sobrada influencia, en este caso el PLD gobernante, mantengan en vilo a la sociedad dominicana, y pendiendo de un hilo la seguridad jurídica y la paz social del país. Peor aun, es muy […]




Luis Encarnación Pimentel.

No hay necesidad -ni derecho- a que los intereses grupales y las ambiciones desmedidas de un sector político con sobrada influencia, en este caso el PLD gobernante, mantengan en vilo a la sociedad dominicana, y pendiendo de un hilo la seguridad jurídica y la paz social del país. Peor aun, es muy mala señal el que a mucha distancia de las largas y aleccionadoras jornadas democráticas libradas en el tiempo, el rumbo institucional de la nación en lo adelante descanse en manos de treinta y tantos miembros de un órgano erigido en el principal  de una organización política. ¿A quién pedirle cuenta luego y cómo reponer los daños provocados frente a temas vitales, pero muy sensibles, como son los que soportan la institucionalidad del país? Y pensar que después de las faltas de miramiento y de inobservancias irresponsables, es posible que no haya tiempo para que la historia juzgue a los responsables (¿). Con los ojos del país puestos, primero, en lo que sucedería ayer en la reunión del  Comité Político del PLD, y luego en lo que se decida y apruebe hoy en la Cámara de Diputados con respecto a  la Ley de Partidos, lo menos que pueden esperar sectores sensatos y abanderados del fortalecimiento institucional del país en los distintos órdenes, es que lo que finalmente se apruebe no choque con la Constitución ni vulnere derechos fundamentales, claramente establecidos en la misma y que no necesitan de espejuelos para ser vistos. Si algo está prohibido, y forma parte de las reglas de juego que el devenir democrático se ha dado para la convivencia sin traumas, sencillamente hay que observarlo y acatarlo. Pasarle por alto -o pisotearlo- por el hecho de que se tenga una mayoría coyuntural en  el organismo que le toque decidir, sería caldo de cultivo suficiente para poner en riesgo la unidad partidaria y, más peligroso aún, erosionar la seguridad jurídico-institucional del país, al tiempo de empujar hacia pendientes abismales relaciones armoniosas que deben caracterizar o en que deben desenvolverse los poderes públicos de la nación. Si esto último no ocurre, no puede hablarse de democracia adulta ni de fortalecimiento institucional. Y a partir de ahí, cualquier acción, proyecto o invento que ponga alante los intereses particulares e ignore leyes y reglas, sería una aventura riesgosa y costosa.

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