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11 de abril del 2021

Opinión

Sobornos y sobrevaluación

Santiago Cuesta Kury. El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva, “es que el fin justifica los medios”. De ahí parte la gama de sobornos y sobrevaluaciones que gobiernos tras gobiernos durante estos últimos 50 años de corrupción democrática el pueblo dominicano les ha tenido que tolerar a reformistas, perredeístas […]




Santiago Cuesta Kury.
El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva, “es que el fin justifica los medios”. De ahí parte la gama de sobornos y sobrevaluaciones que gobiernos tras gobiernos durante estos últimos 50 años de corrupción democrática el pueblo dominicano les ha tenido que tolerar a reformistas, perredeístas y peledeístas, como consecuencias de sus abultadas y depravadas ambiciones y sus respectivas demostraciones de exhibicionismo de poderío económico a la vista de todos y nunca penalizados por la justicia, muy a pesar del gran reclamo a voces de la sociedad tal y como ha estado sucediendo desde el pasado mes de enero con las marchas verdes en el Distrito Nacional y que han continuado en diferentes provincias. Muchos de estos sobornos y sobrevaluaciones en la administración pública se deben en gran medida al hecho de que también de una u otra forma muchos de nuestros jueces, con raras excepciones, han convertido la justicia dominicana en zares de la impunidad de muchos servidores públicos, entre los cuales están incluidos congresistas, jueces, alcaldes y militares designados en cada uno de esos gobiernos y otros por el voto de la población, “para administrar el dinero recaudado de la sociedad, con pulcritud, transparencia y honestidad”. Y no como ha estado sucediendo. Terminando como siempre gran parte de ese dinero en pagos de sobornos, convertidos luego en sobrevaluaciones como parte de esos arreglos con los contratistas en perjuicio del Estado y de todos los dominicanos. Recordemos los casos de Hidro-Quebec, Unión Fenosa, Sun Land, el CEA y ahora Odebrecht, todos, hasta ahora, sin sanciones judiciales. Como decía Joaquín Balaguer, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, probablemente sin decirlo, sus sucesores tal vez han hecho lo mismo.
Una manera más de que el fin justifica los medios en fortunas corruptas de esos servidores públicos mientras la pobreza y la marginalidad social dominicana se agigantan cada vez más hasta golpear a la clase media sin piedad a base de “sobornos y sobrevaluación” desde el propio Estado.

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