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10 de abril del 2021

Política

SUFRAGIO

Reflexionando en la soledad de su prisión en Santa Helena, sobre su glorioso espacio en la historia, el emperador, Napoleón Bonaparte, proclamó: “Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil”. La certeza del […]




Reflexionando en la soledad de su prisión en Santa Helena, sobre su glorioso espacio en la historia, el emperador, Napoleón Bonaparte, proclamó: “Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil”. La certeza del citado presagio pétreo del gran corso se puede comprobar en la República Dominicana, la cual adoptó el famoso Código Civil de Napoleón, que ha permanecido casi inalterable, el 17 de abril de 1884, en virtud del decreto No. 2213, dictado por el presidente Ulises Hereaux. Desde su aprobación en Francia, el 21 de marzo de 1804, igual que desde su adopción en nuestro país, en 1884, muchas cosas han sufrido cambios radicales menos el Código Civil Napoleónico. Actualizar integralmente el Código Civil de Napoleón es apremiante. Sin embargo, pareciera que el legislador tiene temor de entrar en las entrañas de la monumental obra del pueblo francés. Es la única explicación de su fracaso cada vez que intentó adaptarlo al pasado siglo y ahora al XXI. En ese sentido, una de las disposiciones que es urgente contemplar en la reforma es la prohibición del matrimonio infantil y las unión temprana, una anacrónica aberración que, tal y como advierte Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), viola los derechos de los menores y acaba con los sueños de las niñas, destruyen su futuro y las condenan a ellas y a sus hijos e hijas a la pobreza. Los actuales legisladores, que acaban de iniciar su período constitucional, tienen el reto de cerrar la puerta legal de la impunidad de quienes abusan de las menores y utilizan el matrimonio de menores con consentimiento de los padres, para escaparse de las condenas penales. Se trata de un tema alarmante, tal y como lo comprueba el hecho de que nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina y El Caribe en el renglón de matrimonios infantiles o uniones tempranas en América Latina y el Caribe, con un porcentaje de un treinta y seis por ciento. Estas cifras, solo comparables con las de la Africa subsahariana, Asia meridional, el Ni´ger, y Bangladesh, se deben a que la Ley 659, sobre Actos del Estado Civil, modificada por la Ley 4999 del año 1958, permite que los menores puedan contraer matrimonio, con la única condición de tener el consentimiento de sus padres o, si ha fallecido uno de los dos, del padre superviviente. En caso de haber muerto los padres o estar impedidos de manifestar su voluntad, el consentimiento corresponde a los abuelos, los cuales de no existir son suplidos por el consejo de familia. Estos matrimonios, que casi siempre son consentidos por los padres por razones económicas o de embarazos, conllevan el riesgo del abuso sexual y la explotacio´n de las nin~as, la separacio´n de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad, la dificultad para la educación, ser sometidas a trabajos forzados, esclavitud, prostitucio´n y violencia, quedar embarazadas y poner en riesgo sus vidas. Es tiempo de que los legisladores nos saquen de la lista de los escasos países que permiten esta vergonzosa práctica. Por: Eddy Olivares Ortega

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