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15 de abril del 2021

Opinión

Tesis de Subero

Luis Encarnación Pimentel. Salvo el histórico ejemplo en el gobierno sietemesino de Bosch -y uno que otro amago en gestiones posteriores, quizá para cuidarse del “qué dirán”- , en el país no hay precedente de esfuerzos serios y concluyentes con miras a sancionar desde el gobierno la corrupción de algún funcionario público del período de […]




Luis Encarnación Pimentel.
Salvo el histórico ejemplo en el gobierno sietemesino de Bosch -y uno que otro amago en gestiones posteriores, quizá para cuidarse del “qué dirán”- , en el país no hay precedente de esfuerzos serios y concluyentes con miras a sancionar desde el gobierno la corrupción de algún funcionario público del período de que se trate.  Cuando se ha intentado algo, se ha desnaturalizado o se ha caído en el terreno de la persecución política, porque generalmente ha sido de un nuevo gobierno contra funcionarios del anterior, que generalmente corresponde a un partido contrario. Se registra el sonado caso de la prisión de Jorge Blanco y varios de sus funcionarios, al regreso del doctor Balaguer, en 1986, y de algunos de la primera gestión del doctor Fernández, al llegar Hipólito Mejía, del PRD. Los pasos dados, ya sea porque el ingrediente político ha estado presente; por no haber sido del todo serios y continuos o por no estar sustentados en un avance institucional, no han servido para mucho. Ni siquiera como ejemplo, y como freno a funcionarios de distintos gobiernos y partidos, que han criticado desde la oposición el uso indebido de los fondos públicos, pero que, sin ningún temor ni rubor, han hecho lo mismo o peor, cuando les ha tocado la oportunidad de gobernar. Ahora, y al margen de la voluntad política que pueda tener Medina  o que le empujen las circunstancias, hay una presión interna y un escándalo internacional con el caso Odebrecht que lo tornan en especial. Sin embargo, tengo el pálpito de que, aunque el mismo marque o envuelva a muchos aquí, al final -por falta de sustento y de pruebas- se produzca un “¡para fuera todos!”. Mas, después de escuchar al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, el sábado con Pablo McKiney, de que “si el Ministerio Público de aquí basa principalmente su acusación contra el grupo de imputados que se conoce en testimonios enviados de Brasil, todo pudiera caerse por falta de pruebas”. “La peor prueba es la que se basa en testimonios”, dijo.  Así las cosas, la papa caliente la tiene en sus manos la Procuraduría, que debe sustentar bien y proba su acusación. Y habiendo un juez serio y que inspira confianza, que después el morbo y los que piden -y esperan- un “paredón”, no se enojen ni se ensañen, si el grueso de casos se cae (¿).

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